La gran indefensión que viven las mujeres latinas, pese a las leyes contra la violencia de género

Mariángela Velásquez
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BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2021/01/28: A protester holds a placard during the demonstration. Hundreds of people marched in Buenos Aires to demand justice for the Venezuelan woman who was sexually abused during a job interview. The young woman was allegedly violated by Santiago Garzon, who was released shortly after by Judge Karina Zucconi. (Photo by Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Una manifestante exigía justicia en Buenos Aires para una mujer venezolana que fue abusada sexualmente durante una entrevista de trabajo. El presunto violador fue liberado poco después por la jueza Karina Zucconi. (Photo by Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

La violación de una venezolana de 18 años, durante su primer día de trabajo en Argentina y el feminicidio de una médica, Mariana Sánchez, de 23 años durante sus prácticas profesionales en México, han puesto al descubierto, una vez, más la indefensión jurídica y social de las mujeres en América Latina.

Esos dos casos de violencia de género son apenas la punta de un iceberg inmensurable. Las restricciones de movilidad, el distanciamiento social, el cierre de los centros educativos, el teletrabajo necesario para frenar la pandemia del coronavirus ha aumentado los riesgos de las mujeres y niñas latinoamericanas.

Así lo afirmó Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe para alertar sobre los efectos de la COVID-19 en el aumento de la violencia de género regional.

"En el último año se restringió el acceso a servicios de salud, refugios y centros de apoyo legal, y se vio afectada la capacidad de respuesta a emergencias. Es decir, crecieron los factores de riesgo y se redujeron las posibilidades de asistencia. La región es hoy la segunda a nivel global en violencia sexual perpetrada por hombres que no son la pareja de la víctima", dijo el directivo del organismo mundial.

Leyes hay

La impunidad de los delitos de violencia de género continúan a pesar de que la mayoría de los países son signatarios de acuerdos que protegen a la mujer y cuentan con legislaciones y reglamentos que las protegen.

Nueve mujeres son asesinadas por ser mujeres cada día. De los 25 países con mayores índices de feminicidios, 14 se encuentran en Latinoamérica. La situación ha empeorado al punto que, según datos de las Naciones Unidas, en Argentina, México y Colombia, la violencia doméstica contra las mujeres creció entre 30% y 50% en 2020.

El Observatorio de Igual de Género de la CEPAL dijo que unas 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2019.

“Aunque la imagen común de la violencia sexual es un ataque violento de un extraño, la mayoría de los casos de violencia sexual son en realidad perpetrados por individuos conocidos por la víctima, incluyendo parejas íntimas, familiares varones, conocidos e individuos en puestos de autoridad”, puntualiza el informe.

Lo paradójico es que las estadísticas no mejoran pese las acciones tomadas para proteger a la mujer.

"América Latina es el continente que más ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos de género y en inclusión, también por la creación de la tipología penal del feminicidio de forma diferenciada y agravada, junto con España”, dice Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de Argentina, a la agencia de noticias alemana DW.

La fiscal explicó que pese a los altos índices de desigualdad y violencia machista también hay un reconocimiento de derechos y un importante número de leyes que protegen a las mujeres de manera integral, al punto que la Unión Europea ha reconocido a Latinoamérica como "el continente de vanguardia en la construcción de derechos de género".

La fuerza detrás de los cambios es el movimiento feminista, que ha impulsado poderosas campañas como #NiUnaMenos.

El desafío en Latinoamérica en el siglo XXI es menguar la permisibilidad social que hace posible que el hombre ejerza su poder sobre la mujer. Cuando sea inaceptable socialmente que un hombre abuse de una mujer o la relegue a un plano de inferioridad entonces las leyes que establecen la plena igualdad entre las personas protegerán a las mujeres por igual.

Entre las acciones pendientes está la transformación de las instituciones que funcionan con estructuras marcadamente machistas, como en el caso de los cuerpos policiales, que no cuentan con suficientes mujeres policías entrenadas para tomar las denuncias de violación. Muchas mujeres prefieren no denunciar el delito antes de conversar un oficial hombre que no muestra empatía hacia su situación.

La impunidad en la guerra salvadoreña

La ausencia de las voces y demandas de las mujeres en la negociación para llegar a los acuerdos de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador ha marcado el presente de las mujeres salvadoreñas.

Entre 1981 y 1992, las mujeres fueron sometidas a todo tipo de violencia de género, dijo el informe Mujer y situaciones de conflicto armado y post conflicto en El Salvador

Desde la más común, que fue la violación sexual, hasta mujeres que abortaron al ser sometidas a torturas. Las ex guerrilleras testificaron sobre el acoso sexual sufrido en los frentes de guerra y en las casas de seguridad clandestinas; y las mujeres expulsadas de las filas por embarazos no deseados.

Los perpetradores, que eran miembros del FMLN o del ejército, asesinaban a mujeres y profanaban sus cuerpos mutilando sus genitales y mamas con cuchillos o introducían palos en sus vaginas.

Esos delitos y su reparación no fueron incluidos en los acuerdos de paz.

"... hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y en ninguna de ellas se revela como violación sistemática esa violencia sobre los cuerpos de las mujeres, la servidumbre doméstica y forzosa que se hizo sobre ellas. Y, sin embargo, se suscribió la paz. Es decir, la paz se escribe sobre el silencio de las mujeres y deja un mensaje instalado para las nuevas generaciones: puede pasar porque nadie va a pagar por ello”, dijo Silvia Juárez, del Observatorio de Ormusa, a la publicación Gato Encerrado.

La arcaica ley sobre el aborto en Venezuela

La legislación venezolana prohíbe el aborto. El motivo es que se trata de una ley del siglo XIX que no contempla excepción alguna, ni siquiera en caso de violación.

Las venezolanas sólo pueden recurrir legalmente a ese recurso cuando el embarazo ponga en peligro su vida. Y aunque no se toma en cuenta los deseos de la mujer, sí permite reducir el castigo del autor del aborto si lo hace para salvar su honor, o el de alguna mujer de su familia.

Esa indefensión jurídica hace que la mayoría de los abortos en Venezuela se hagan en la clandestinidad.

La profesora y activista Vanessa Rosales recibió arresto domiciliario, después de permanecer tres meses encarcelada por ayudar a una alumna de 13 años a abortar, luego de quedar embarazada por una violación.

Discriminación a la cubana

“La violencia de género no es un fenómeno nuevo en Cuba, aunque ha sido invisibilizado durante décadas (…). Necesitamos ya un ordenamiento jurídico que no deje a nadie afuera, necesitamos garantizar políticas públicas que nos favorezcan, tipificar el feminicidio, que se deje de centralizar el acceso a la información”. Así lo expuso la periodista independiente cubana María Matienzo al Diario de Las Américas.

La comunicadora denunció que la verdadera situación de las mujeres y las niñas no está reflejada en las estadísticas enviadas a los organismos internacionales. Matienzo asegura que el gobierno cubano muestra una imagen de equidad entre los hombres y mujeres de Cuba que en realidad no existe.

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