Túnez: reforma constitucional de Kais Said, bajo el fuego de las críticas

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© Foto de la Presidencia tunecina via AFP

El presidente tunecino Kais Said presentó su proyecto de reforma constitucional, a pocos días de la campaña. El nuevo texto se someterá a votación en referendo el 25 de julio. Un grupo de juristas internacionales ha criticado fuertemente el proceso de esta reforma, que cristaliza los miedos de un asentamiento de un régimen autocrático.

Ilegal, ilegítimo y carente de transparencia. Este es el veredicto de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, organización internacional que lucha por el Estado de Derecho y que está compuesta por decenas de jueces y abogados, sobre el proceso de reforma constitucional iniciado por las autoridades tunecinas. En un documento publicado el miércoles 29 de junio, la ONG con sede en Ginebra pide al Gobierno tunecino que retire este proyecto de Constitución, que anclaría al país en un régimen presidencialista.

"Esta reforma constitucional pretende codificar el autoritarismo que ya existe desde hace un año", dijo Saïd Benerbia, director del programa de África del Norte y Oriente Medio de la CIJ, en referencia a la suspensión del orden constitucional por parte de Kaïs Saïed desde el 25 de julio de 2021. "Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se reconocen como poderes separados, sino como meras funciones", continuó.

Presidencialización del régimen

La separación de estos tres poderes, teorizada en el siglo XVIII para contrarrestar el absolutismo real, es un principio cardinal de las democracias modernas. Kais Said suspendió el poder legislativo enviando a los militares a bloquear el Parlamento el 25 de julio. El cargo de primer ministro fue entonces acabado, concentrando el Poder Ejecutivo en manos del presidente. En cuanto al Poder Judicial, ha sufrido varios golpes desde la disolución del Consejo Superior de la Magistratura hasta la reciente destitución de 57 jueces por simple decreto presidencial.

El presidente tunecino ha justificado cada una de sus decisiones por la voluntad de devolver el poder al pueblo, de luchar contra la corrupción y la incompetencia política. La celebración de un referéndum constitucional el 25 de julio de 2022, seguido de elecciones a finales de año, son la prueba, según los partidarios de Kais Said, de que Túnez sigue siendo una democracia.

Salvaguardas en peligro

Kais Said, antiguo profesor de derecho constitucional, ha expresado en repetidas ocasiones su visión ideal de una democracia "de Cartago a los pueblos", basada en un vínculo directo entre las asambleas locales y un poder presidencial fuerte. Según su proyecto de reforma, los órganos intermedios y el Parlamento se reducirían al mínimo, denuncian los expertos. Las salvaguardas establecidas por la Constitución de 2014 para evitar cualquier deriva dictatorial -autoridades independientes sobre la organización de las elecciones, los medios de comunicación o el poder judicial- correrían el riesgo de convertirse en cascarones vacíos sin ningún poder real.

"Las salvaguardas ya han sido vaciadas de su sustancia por la práctica del poder de Kais Said. Ha revisado por completo los métodos de nombramiento para someterlos totalmente a la voluntad del presidente (...) Hará todo lo posible para que el presidente predomine en la elección de las personas que formarán parte de estos órganos llamados independientes", afirma Vincent Geisser, investigador del Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán (Iremam).

Los valores conservadores del presidente Said sobre el orden moral y las cuestiones sociales, como la desigualdad entre hombres y mujeres en materia de herencia o la homosexualidad, deben reflejarse a través de formulaciones ambivalentes, como la relativa al papel del Islam. El presidente tunecino declaró el 21 de junio que el Islam no se mencionaría como religión del Estado en la próxima Carta Magna, pero que habría un texto que confirmaría la pertenencia de Túnez "a una Ummah, nación, cuya religión es el Islam".

Es una forma de "sacar el Islam por la puerta y reintroducirlo por la ventana", dice Vincent Geisser, que espera que la visión conservadora del presidente y las referencias religiosas estén presentes en varios artículos de la futura ley fundamental.

"Ilegítimo”

Más allá del contenido de este proyecto de reforma, la CIJ deplora un proceso llevado a cabo con prisas. La ausencia de consultas reales antes, durante y después de la redacción de la nueva Constitución pone en duda la legitimidad democrática de todo el proceso.

La iniciativa presidencial se ha topado especialmente con la negativa a participar de muchos decanos de facultades de Derecho, así como con la oposición de la poderosa central sindical UGTT. Este último, describió el proceso a principios de junio como "de escaparate y carente de toda noción de participación". "No se nos consultó ni directa ni indirectamente durante la preparación y elaboración de este programa", añadió Slaheddine Selmi, vicesecretario general del poderoso sindicato, mientras que la UGTT recordó su rechazo de principio a la monopolización del poder por una sola persona.

La escasa participación de los tunecinos en la consulta electrónica lanzada en primavera, con la expresión de sólo el 5,9% de los votantes registrados, no fue compensada por debates transparentes con representantes de la sociedad civil o de las fuerzas políticas.

La CIJ denuncia un proceso que es pura y simplemente ilegal, ya que no cumple con las normas de reforma establecidas por la Constitución de 2014. Este último, marcando la ruptura con la era de Ben Ali, había establecido un sistema parlamentario con muchas garantías, precisamente para evitar el regreso de un hombre fuerte a la cabeza del país.

"Un trozo de papel"

A la presentación del proyecto final de Constitución le sigue una campaña entre el 3 de julio y el 25 de julio, día del referendo. Varios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil han expresado su oposición llamando al boicot de la votación. El desencanto de una gran parte de los tunecinos tras un año de agitación política y deterioro económico también podría fomentar la abstención.

"No hay quórum, umbral de participación, para aprobar esta Constitución, que podría aprobarse aunque sólo participen 2.000 personas en la votación (...) Si el gobierno se va por la fuerza, se perpetuará la crisis institucional en Túnez", dijo Said Benerbia, de la CIJ.

"Esta Constitución será un trozo de papel comparado con la práctica del poder, cada vez más autoritaria, personalizada y presidencialista", añade el investigador Vincent Geisser. "No es de la aprobación de esta Constitución de lo que dependerá la capacidad de supervivencia de este régimen: este texto será un síntoma del régimen, pero no su fundamento.

*Adaptado de su versión original en francés

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