La reelección de una fiscal general suscita dudas sobre la lucha anticorrupción en Guatemala

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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, volvió a nombrar esta semana a la misma fiscal general del país para un nuevo período de cuatro años. La decisión, que ocurre apenas unos meses después de que la funcionaria fuera acusada por el Gobierno estadounidense de desmantelar los esfuerzos anticorrupción, provocó por segunda vez sanciones de Washington. La Unión Europea y varios organismos que velan por los derechos humanos también rechazan el nuevo nombramiento de Consuelo Porras.

En Guatemala, la persecución penal seguirá en manos de María Consuelo Porras Argueta para los próximos cuatro años. Tras el nuevo voto de confianza del mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei este lunes 16 de mayo, la fiscal general y jefa del Ministerio Público seguirá en su puesto, después de haber asumido por primera vez ese cargo en 2018.

"Continuaré firme en mi compromiso de garantizar una justicia objetiva y no selectiva", declaró la fiscal en su discurso. Pero su reelección suscita inquietudes tanto a nivel nacional como internacional. Incluso critícas directas, como las que planteó Estados Unidos después del anuncio: "Los actos de corrupción de la fiscal general Porras socavan la democracia en Guatemala", no tardó en reaccionar Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos.

Este martes, Estados Unidos lamentó como un "paso atrás" para la democracia del país centroamericano la decisión del presidente Giammattei de elegir nuevamente a Porras, en palabras del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El funcionario estadounidense no se limitó a comentar, sino que anunció también la prohibición de entrada en el país de la familia de Porras por su supuesta implicación en actos de corrupción. Ned Price subrayó que como fiscal general, Porras "obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido".

Una segunda ronda de sanciones por "obstruir" la justicia, denuncia Washington

No es la primera sanción estadounidense que se cierne sobre Consuelo Porras. En septiembre de 2021, Estados Unidos la incluyó en su lista Engel de "actores corruptos y antidemocráticos", le removió su visa, así como la posibilidad de ingresar a su territorio, al acusarla públicamente de "obstruir" la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

Una de las acciones que motivó en ese momento la sanción contra Porras fue la destitución en junio de Juan Francisco Sandoval de su cargo de jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci). El funcionario había imputado por corrupción a más de 200 personas de alto perfil entre 2014 y 2021 y era considerado como un "campeón anticorrupción" por Washington.

Sandoval aseguró en marzo que su despido ocurrió tras conocerse que contaba con información "de un posible soborno de empresarios" rusos al presidente Giammattei. Ahora el ex fiscal está exiliado en Estados Unidos y denuncia amenazas contra su vida.

El Gobierno de Giammattei se dice firme frente a la "injerencia"

En respuesta a los comentarios estadounidenses, el Ministerio Público de Guatemala declaró que no aceptará ninguna injerencia ni presión, al ser una institución autónoma. "El Fiscal General seguirá trabajando con objetividad e imparcialidad para garantizar el estricto cumplimiento de la ley", aseguró la entidad en un comunicado.

Ese tira y afloja entre los dos países también está desde ya marcando una agenda más conflictiva en el continente. El presidente Alejandro Giammattei anunció este martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas prevista para junio en Los Ángeles.

"Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación (EEUU), que este país podía ser de este tamaño pequeño, pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía", afirmó el mandatario guatemalteco.

Washington ya había advertido que el respeto a la democracia era "condición" para participar en el foro.

Pero Estados Unidos no es la única nación en criticar el nuevo nombramiento de Porras. También la Unión Europea señaló este martes que esa noticia le generaba "preocupación" sobre el "compromiso de las autoridades guatemaltecas de hacer frente a la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial".

Por medio de un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior denunció que durante su pasado mandato, la fiscal aplicó un patrón "de intimidación y acoso que ha llevado a más de 20 operadores de justicia a abandonar el país".

Una situación que este lunes denunciaba ante la Eurocámara el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade.

En una entrevista con France 24, el procurador declaró: "Es una decisión del presidente Alejandro Giammattei donde pesó la amistad pública que tiene con la fiscal general. Sin duda alguna, pese a los cuestionamientos nacionales e internacionales, apostó por la continuidad, pensando que le garantice impunidad. Ya será todo un reto para la fiscal Consuelo Porras demostrar que puede ejercer de manera independiente su nuevo mandato".

Algunos líderes de la sociedad civil también criticaron la elección. Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, comparte sus inquietudes con France 24:

"La experiencia reciente en América Latina, incluyendo en Nicaragua y Venezuela, muestra que la democracia corre enormes riesgos cuando las autoridades destruyen la independencia judicial e intimidan y persiguen a la prensa".

Antes de advertir: "Si la comunidad internacional no adopta medidas multilaterales y serias, es esperable que el Ministerio Público siga haciendo lo mismo que en los últimos años: permitir que florezca impunemente la corrupción y cercenar la labor de quienes se atreven a investigar a los corruptos."

Decenas de jueces en el exilio por una presunta persecución de Porras

Y es que durante su primer mandato, Porras fue blanco de críticas de organismos de derechos humanos y sociedad civil que la acusan de obstruir las investigaciones relacionadas con Giammattei.

Su oficina detuvo a varios funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), así como a un abogado de la comisión anticorrupción CICIG. También, cabe mencionar que el Ministerio Público, bajo órdenes de Porras, dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, por supuestas "irregularidades en sus labores".

Finalmente, al menos 15 operadores de justicia guatemaltecos, entre ex fiscales anticorrupción y jueces de alto impacto, se encuentran actualmente exiliados por la presunta persecución judicial por parte de Porras.

La dupla nuevamente asegurada le restó importancia a la posición de algunos sectores de la comunidad internacional: "Lo importante es el respaldo que tenemos a nivel nacional", declaró la fiscal general; mientras Giammattei tachó de intervencionistas las reacciones que no respaldan la continuidad de Porras en el cargo.

"Los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución (…) no tienen ningún valor para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez", agregó el gobernante. Aseguró además que Porras es una profesional que cumple con todos los requisitos constitucionales: "Esta no fue una decisión simple tomada a la ligera”, concluyó.

Si bien puede no haber sido tomada a la ligera, esa decisión estuvo marcada por varias denuncias de "irregularidades" y "numerosos intentos por interferir con la independencia de la Comisión de postulación y con la imparcialidad y rectitud del proceso", recuerda Pappier, de HRW. "La doctora Porras, que no contaba con los requisitos básicos para ser elegida, logró entrar en la terna por la ventana gracias a una cuestionable decisión de la Corte de Constitucionalidad".

Durante todo el proceso de elección, Porras fue denunciada por diversos sectores ante la Comisión de Postulación debido a un supuesto plagio en su tesis de doctorado.

Con AFP, Reuters, EFE y medios locales

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