Las empresas españolas siguen pagando demasiado tarde, especialmente las más grandes

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), confederación de asociaciones patronales creada en 2008 para combatir la morosidad en España y promover el cumplimiento de los Plazos de Pago, denuncia en su Informe ‘Morosidad: Estudio Plazos de Pago 2019’ que un 65% de los contratos comerciales de 2019 incluían condiciones de pago por encima de los 60 días que marca la ley. Por lo tanto, y por sorprendente que parezca, esto quiere decir que las cláusulas iniciales de la mayoría de los contratos en España marcan condiciones de pago ilegales antes siquiera de empezar a trabajar.

De acuerdo a los datos registrados por la PMcM, el plazo medio de pago empresarial es de 85 días, 25 días más tarde de los dos meses que indica la ley. En el caso de las empresas del IBEX 35 pagan más de 90 días después de la recepción de la factura, según señalan el 46% de los encuestados, o, en el mejor de los casos, entre los 60 y 90 días. Es decir, la media sube a los 169 días. Las Administraciones Públicas tampoco se quedan cortas: el plazo medio de pago es de 82 días, cuando debería ser de un mes.

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Firma de contrato. Foto: Getty

Las PYMES y los autónomos son los únicos que han podido mejorar sus datos: aunque de media pagan hasta 73 días tarde, ya son ocho días menos de retraso que en 2018. El ratio de morosidad se cifra, no obstante, en un 3,1%, lo que supone un aumento del 0,2 respecto a 2018.

La mayoría conoce la ley, pero tiene miedo de perder clientes

En caso de impago, el 86% de los proveedores nunca o casi nunca exigen a los clientes morosos los intereses de demora. Un 94% de los proveedores tampoco exige la indemnización legal por costes de recobro por retraso o impago. ¿Cuáles son los motivos? Aunque de primeras se pueda pensar que se debe al desconocimiento de la ley, lo cierto es que el 61% de los encuestados por la PMcM asegura conocer la legislación vigente. Por tanto, es probable que el origen esté en el miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación.

Los plazos de pago se regulan en España mediante la ley 3/2004 del 29 de diciembre, “por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales”; no se trata de una particularidad española, sino que viene de una directiva de Bruselas. Sin embargo, dieciséis años después, España sigue sufriendo un importante problema de respeto a los plazos de pago en las operaciones comerciales.

Desde asociaciones como la PMcM, se insta a los partidos políticos a poner en marcha un régimen sancionador más duro, que multe a las empresas que han cobrado y no pagan. Hace tres años, en junio de 2017, el Congreso inició la tramitación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. Uno de los objetivos principales de este proyecto era arrojar luz sobre los conceptos y los términos empleados en la norma y delimitar, por ejemplo, el ámbito de aplicación de la Ley o a los supuestos de nulidad de cláusulas contractuales. Sin embargo, la propuesta está bloqueada desde entonces, y tanto las asociaciones como los encuestados del informe confían en que vuelva a tramitarse pronto.

Las buenas prácticas de pago son uno de los nuevos retos de las empresas. Se podrían incluso incluir dentro de la Responsabilidad Social Corporativa, debido a la concienciación que implica de las organizaciones de lo importante que es pagar a tiempo. Para algunas pequeñas empresas o autónomos, puede ser ni más ni menos que la diferencia entre funcionar o tener que echar el cierre por estar en números rojos.

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