La paz que urge para las comunidades indígenas y afro del Chocó, en Colombia

Entre un paisaje en apariencia inofensivo, la comunidad indígena Emberá Dobida de Chanú sobrevive confinada por los grupos armados. Hasta nueve horas en lancha dura el trayecto por el río Bojayá desde su cabecera hasta esta población, asolada por las secuelas del conflicto que todavía persiste en estos territorios. Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN arrojan esperanza, pero también urgencia.

A partir de este punto, advierte el lanchero, no pueden sacar las cámaras. El punto es invisible. No hay señales de peligro, pero están presentes. El silencio del trayecto solo es interrumpido por el motor de la canoa de madera que navega sobre las aguas bajas del río Bojayá. Le siguen siete lanchas más, cargadas con el personal sanitario de la organización, insumos médicos, alimentos y carpas. Custodiadas de punta a punta por banderas blancas. El verde paisaje, en apariencia inofensivo, esconde entre su espesor a los grupos armados que se disputan el control del territorio, de los ríos y sus afluentes que llevan al océano Pacífico. El Ejército colombiano también se camufla entre las ramas.

El sol anticipa el diluvio común de la selva chocoana. "En época seca se tarda hasta nueve horas en llegar", dice Sigfredo Pautt, médico de terreno y jefe de la misión de Médicos del Mundo en el departamento colombiano del Chocó. O cuatro días, si la canoa es empujada con un canalete. "Aquí es donde hace los retenes el ELN. Tuvimos suerte de que no salieron por la lluvia", afirma alguien sobre la pequeña playa de piedras en la que los lancheros se paran a repostar los motores de gasolina.

Siete horas después de salir de Vigía del Fuerte, de otro río, el Atrato, llegamos a la recóndita comunidad indígena Emberá Dobida de Chanú, una de las más grandes de la zona, y también la más alejada de los núcleos urbanos. Dobida se traduce como "gente de río". El agua está en su cosmovisión como forma de habitar y sobrevivir en el territorio, en las orillas de los ríos del occidente de Colombia. Con la llegada de la misión médica muchos salen a ayudar y cargan, sin mucho esfuerzo, las cajas envueltas en bolsas negras sobre sus hombros a través de las viviendas del pueblo, erguidas sobre un mar de lodo. No es la primera vez que ven los rostros de los que durante una semana serán sus médicos, enfermeros, psicólogas.

"Este pueblo está sufriendo bastante"

El pabellón sin paredes en lo alto del pueblo –más cerca del monte que del río– se divide en dos. A la izquierda están las mujeres y los niños, a la derecha los hombres y jóvenes. En el centro, el gobernador del cabildo, Basilio Doiramá, hace de traductor de los médicos, que explican el funcionamiento de la misión y la organización de las citas: mujeres embarazadas, infantes y adultos mayores serán los primeros en pasar por las improvisadas consultas.

"Uno todos los días vive asustado. A veces se queda llorando, con hambre". El relato de María Chamorro, indígena de Chanú, inició con cinco palabras: "Este pueblo está sufriendo bastante". Mira a su alrededor, una comunidad entera espera ser atendida. Casi 800 personas viven en confinamiento, sumidas en la zozobra por los constantes enfrentamientos de los grupos armados que se disputan el control territorial; desde los paramilitares del Frente Pablo José Montalvo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) hasta la Compañía Néstor Tulio Durán de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército nacional, quienes campan a sus anchas entre la población y su territorio.

La llegada de la misión médica a Chanú coincidió con el inicio de los diálogos para la paz entre el Gobierno colombiano y el ELN en Caracas, Venezuela. Una paz todavía lejana, pero cada día más urgente en estos territorios.

"Da bastante miedo por los grupos armados. Si uno camina a cortar bananito te cogen, te violan", cuentan. El cuerpo de las mujeres indígenas sigue siendo botín de guerra.

"Antes de los grupos armados nos alimentábamos bien, pero ahora no. Entierran minas, todo esto está lleno con las minas", explica María. Una conversación que se repite entre los miembros de la comunidad. El miedo a labrar la tierra "por las minas". El pánico a cultivar las cosechas de las fincas "por las minas". El terror a salir al monte a cazar "por las minas". Y una pregunta constante: "¿Dónde vamos a conseguir el alimento?"

El hambre y la desnutrición acechan a estas comunidades y sus infantes. El conflicto armado en Colombia –la guerra del narcotráfico– incide en su soberanía alimentaria. Sin la posibilidad de recolectar caña, plátano, maíz, yuca o arroz es cada vez más frecuente encontrar graves casos de malnutrición y otras enfermedades gastrointestinales, consecuencia de la falta de nutrientes. Familias enteras han llegado a pasar varias semanas, incluso meses, sin probar un bocado de carne ni pescado. "Los grupos armados pescan con pólvora y matan a los pescados chiquitos. Nos dejan sin alimento", explica un hombre. Los toques de queda también les impiden transitar el río, controlado por aquellos que poseen las armas.

María tiene la mirada preocupada, las mejillas morenas y el pelo lacio. No sonríe, ni siquiera cuando gesticula, poniéndose la mano sobre la paruma, como se conoce a la tela tradicional que sirve de vestido o falda para las mujeres. Antes era una mujer con exceso de peso y alega: "Mírame, ahora estoy flaca". "Por eso, por el conflicto armado están cayendo muchas pestes, diarreas, fiebre, dolor de cabeza, mareos (…) Se nos bombardea también desde el helicóptero. Eso está contaminando el aire y el agua de lluvia", señala, enumerando un sinfín de dolencias físicas que coinciden con las halladas por los doctores de la organización: anemia, dengue, malaria, parásitos, enfermedades respiratorias, todas ellas desatendidas.

El Estado colombiano no llega a estos territorios ni garantiza el derecho a la salud

"El Estado no tiene la capacidad, por factores de voluntad política, de llegar a estos territorios", replica Jorge Torres Gil, enfermero de Médicos del Mundo, tras un improvisado mostrador con un cartel de cartón que reza "farmacia". Se mueve de un lado para otro, consciente de que el tiempo escasea. La lista de pacientes es larga, su tiempo en terreno es breve. "La respuesta humanitaria será necesaria siempre y cuando la comunidad no tenga las herramientas para autogestionar su propia salud. Trabajamos todos los días para venir menos, esa es nuestra misión".

Jorge revisa el historial médico de las hijas pequeñas de María, le entrega una serie de medicamentos y les muestra cómo administrarlos. Cuando el paciente no habla español recurren a los traductores de la comunidad, un trabajo codo a codo con estos "promotores de salud" locales. El enfermero oriundo del Chocó, como la mayoría del personal médico, reconoce que el Estado no está comprometido en responder a estas comunidades y garantizar su derecho a la salud.

Las secuelas del conflicto golpean no solo los cuerpos de los indígenas, también altera su "buen vivir", su forma de interactuar con la naturaleza y su territorio. El confinamiento al que están sometidos por la presencia de los grupos ilegales está haciendo mella en su salud mental, sobre todo entre la población más joven, que teme los reclutamientos forzados, los desplazamientos y las violaciones. Molani Baquiaza tuvo "malos pensamientos" un año después de que su padre falleciera tras pisar una mina antipersonas, dejando doce hijos huérfanos y una finca deshabitada por miedo a represalias de los actores armados.

Suicidios en las comunidades emberas, una pandemia silenciosa

"Pasó lo de mi papá y se siente mal, triste. Los grupos hacen daños en la tierra, en la finca", intenta explicar en español Melba Baquiaza, quien con tan solo 22 años está a cargo de nueve de sus hermanos y su hija de tres años. Sentada sobre un suelo de palma agujereado pide que no caminemos, que con cada movimiento la casa se tambalea. No tienen dinero ni materiales para arreglarla, tampoco para alimentar a una familia numerosa. "Amenazaron a mi marido, no podemos ir a la finca", se lamenta.

Melba posa la mano sobre el cabello rojizo de Molani, sentada a su lado, y explica cómo su hermana de doce años intentó suicidarse. "Persigue un animal. Un diablo. Se ahorcó con la paruma", gesticula con la mano alrededor del cuello. Melba estaba recogiendo caña cuando sucedió. Encontraron a Molani al borde de la muerte: "Tenía sangre en los ojos, en la boca". "Molani se murió", dijo su sobrina. Con un machete cortaron la tela con la que la joven intentó suicidarse y la llevaron ante Omar, el jaibaná o médico ancestral. Este sostiene que la presencia de los grupos armados en los resguardos indígenas perturba a sus espíritus; su conexión se altera, propagando "los malos pensamientos" en forma de "diablo" entre la comunidad.

Molani estuvo un mes sin poder hablar desde que se le apareció ese diablo, la sombra siempre presente de la guerra. "Por lo de mi papá", son las pocas palabras que dice tímida. Le gusta leer y jugar, querría aprender español y ser médica, pero sus sueños se quedan atrapados en una choza a punto de venirse abajo; en la desigualdad brutal que la atraviesa, consecuencia del conflicto y la desatención endémica del Estado a los pueblos originarios. Como ella, decenas de jóvenes acuden a la consulta de psicología en busca de respuestas a una dolencia que tiene nombre propio: abandono.

Los suicidios e intentos de suicidio entre la población indígena emberá no son hechos aislados ni novedosos, pero han sido ignorados por las autoridades gubernamentales. Según los reportes de las instituciones médicas de la región, en 2021 hubo más de 20 casos. Existe un alto subregistro y un temor a hablar de ello dentro de la comunidad.

"Son muchos factores los que pueden incidir. Los mismos encierros que sufren las comunidades, la falta de oportunidades que puede tener una persona joven que quiere seguir creciendo (…) Creo que tiene que ver mucho las limitantes del contexto del área geográfica y del conflicto que está aquí; el poco desarrollo personal que se puede llegar a tener, la falta de ser escuchados, la falta de los lutos que no se han podido cerrar porque es una comunidad que tiene heridas emocionales que aún están abiertas", asegura Alejandro Coral, médico de la organización.

Es por ello que la oenegé francesa llega acompañada de un equipo de psicólogas: Wendy, Liliana y Carolina han aprendido a comunicarse con estos jóvenes a través de sus expresiones y lenguas nativas. "Queremos facilitarles el buen vivir", dicen al grupo y miran a los hombres jóvenes, más reacios a hablar de ello. Antes de iniciar la jornada, en la reunión con la comunidad, las psicólogas animan a la participación, conscientes de que hablar de salud mental sigue siendo un desafío: "Con confianza, acérquense, nosotras realizamos acompañamiento familiar para mejorar la armonía".

"Antes con mi papá y mi mamá juntos vivíamos contentos, felices", continúa Melba. En la casa solo los más pequeños juguetean con un oso de peluche desgastado. Herme, de 23 años, no quiere hablar del momento en el que le estalló la mina a su padre, estando él presente. La pólvora también le golpeó en sus piernas y los militares lo trasladaron hacia el hospital de Quibdó, capital del departamento. Lleva días sin comer, apunta su hermana. La tristeza del joven se refleja en su rostro y hace temer que pueda ser otra víctima de esa pandemia silenciosa, alimentada por la desesperanza de una juventud que no tiene oportunidades ni futuro. "He tenido pacientes que se sienten enfermos de algo que no tienen y que cuando te sueltan todo ese peso que tienen dentro los ves que cambian. Solo necesitaban contárselo a alguien que le interese lo que le están diciendo", remarca Alejandro.

La comunidad de Chanú se resiste a abandonar el territorio

Pese a las hostilidades, los confinamientos, las amenazas, las violaciones, las minas antipersona y la violencia, esta comunidad se resiste a abandonar su territorio. "Al menos estamos aquí en la lucha, en el desplazamiento no hay cosa buena. Uno está en su casa. No come todos los días bien, pero al menos está en su casa". Walter Rojas camina entre la selva con las manos sobre la boraquera, una especie de bastón con el que lanzan flechas. Es uno de los líderes de la Guardia Indígena conformada por 120 hombres y mujeres. "El territorio es de nosotros, por eso venimos luchando. El territorio es nuestro y no vamos a entregarlo a otras personas, al Estado. Nosotros lo vamos a manejar. Para eso nuestros abuelos, tatarabuelos, ya lucharon por el territorio", señala el líder de poco más de treinta años.

La Guardia Indígena hace de mediadora cuando se producen los combates entre los grupos ilegales y el Ejército en las inmediaciones del resguardo o cuando los guerrilleros intentan reclutar a los jóvenes forzosamente. "Los muchachos de aquí tienen un compromiso con la educación, no podemos dejar que se los lleven", subraya.

Walter es consciente de las negociaciones que se están dando con la guerrilla del ELN. "Votamos por (Gustavo) Petro para que cambiara el país", apunta. "Si Petro negocia con el ELN para que salga de aquí, nosotros vamos a quedar libres", se esperanza, a la vez que recalca la necesidad de examinar y limpiar de minas y explosivos la parte del territorio donde se asienta la guerrilla.

La comunidad entera de Chanú se movilizó unida en las elecciones presidenciales de junio para votar por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la esperanza de un cambio. Dos días en canoa hasta Bellavista –y cuatro de regreso– para depositar las 326 papeletas con la marca del Pacto Histórico. "Con el nuevo presidente de pronto los grupos armados no nos pueden hacer más daño a las comunidades o no pueden tenerlos acá. Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos proceso de paz", opina Basilio, el gobernador, anhelando la libertad de movimiento que tenía su pueblo por todo su territorio: desde los bordes del río hasta las profundidades del monte.

Una tragedia anunciada

"Que se respeten los planes de vida y el ejercicio de la autodeterminación de sus gobiernos propios. Ellos no quieren presencia de actores armados, tampoco del Estado. Ellos tienen sistemas de gobierno bien fundamentados propios y que durante mucho tiempo fueron los mecanismos de protección y de defensa no solamente de los grupos humanos como pueblos indígenas, sino también del territorio de la riqueza cultural, de los ambientes sagrados que ellos tienen en los territorios", subraya Rogelio Salazar Gómez, párroco de la iglesia de Bojayá y uno de los principales líderes de la zona.

Rogelio conoce la historia que perturba las aguas del río Bojayá. Hace veinte años, vivió la masacre contra la iglesia de Bellavista viejo, que acabó con la vida de casi cien personas, luego de que un cilindro bomba cayera en el interior de la parroquia en la que la comunidad se resguardaba de los combates entre las antiguas FARC y los paramilitares.

"Veinte años después del fatídico hecho de genocidio en Bellavista viejo, la realidad es igual o casi, con una tendencia a agudizarse por muchos aspectos relacionados con la política del Estado y la defensa del territorio de los pueblos indígenas que permanecen en sus cabildos en circunstancias muy complejas, controlados militarmente por los diferentes grupos que han llegado a la región", alerta el párroco sobre una situación que, advierte, puede derivar en otra masacre anunciada si no es atendida.

Las cantadoras de alabados, voces de resistencia

El río Bojayá, cuentan, tiene la memoria de las masacres cometidas en sus orillas. Le cantan para superar el dolor las cantadoras de alabados de Pogue, una comunidad afro y campesina. En sus calles empinadas, los vestidos elegantes de las cantadoras se cruzan con los uniformes militares del Ejército, presente en cada esquina.

Ana Oneida Orejuela lleva dos décadas componiendo las letras de los alabados que entona con el grupo de mujeres de la comunidad. Estuvo en La Habana cantándole a los Acuerdos de Paz de 2016, pero su voz no cesa porque el conflicto persiste. "Nosotras empezamos acá haciendo palabras de denuncias porque el conflicto se estaba agudizando y no teníamos cómo contarles que nosotros estábamos metidos en el conflicto, no teníamos comunicación", relata.

"Cantamos al dolor de despedida de los muertos, pero también cantamos a la violencia contando los atropellos que nos hacen en nuestra comunidad y que el conflicto día a día sigue más. Seguimos cantando para que esos cantos rueden por el río, por el aire y lleguen hasta a la Casa de Nariño donde viven los presidentes, para que ellos tengan condolencias de nosotros como campesinos". Hace pocos días Ana Oneida le envió una carta al presidente colombiano con un nuevo alabado en el que le invitan a visitar la comunidad de Pogue.

La cantadora incide en que, pese al miedo que le hace susurrar cuando hablan de "ellos" (los grupos armados), la mejor vida para ellas como campesinas es el campo, en su territorio ancestral, lejos del cemento de las grandes ciudades: "Nosotros vivimos con toda esa zozobra, pero también haciendo una resistencia grande porque nosotros no queremos abandonar el territorio". Son las voces de resistencia desde uno de los territorio más abandonados de Colombia, que seguirán entonando melodías por una vida más digna y justa: nosotras siempre soñamos con el sueño de la paz / ni con canto ni con sueño / porque ya se aleja más.