Monitorear los ciclos menstruales, la última forma para controlar los abortos en EEUU

Los ciclos menstruales de miles de mujeres fueron controlados en Misuri, EEUU.

El Gobierno de Misuri está muy preocupado por la salud de las mujeres, por eso se ha dedicado a registrar los ciclos menstruales de las pacientes que acudieron a la única clínica abortiva que se encuentra en activo en el estado, un centro de planificación familiar ubicado en St. Louis. Así lo confirmó el director del Departamento de Salud, Dr. Randall Williams, quien confesó que los datos registrados corresponden a miles de mujeres que acudieron al centro para someterse a procesos abortivos.

La bomba saltó durante el segundo día de la celebración de una comisión que decidirá si la clínica dejará de operar o no. En caso de cesar su actividad, sería la primera vez que un estado de EEUU no cuenta con un centro de interrupción de embarazos desde 1974. La preocupación del Gobierno - y su excusa para legitimar la obtención de dichos datos personales - tiene su origen en que el Departamento de Salud sospechaba que no estaba recibiendo los reportes de abortos fallidos, tal y como requiere la ley. Por eso está en el aire la continuidad de la clínica.

“Investigamos esa preocupación con información obtenida legalmente”, afirmaron desde el Gobierno a través de un comunicado elaborado después de que el doctor Williams confesara esta práctica.

Manifestación anti-aborto en Misuri. (SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Si para ellos el monitorear los ciclos menstruales de determinadas mujeres es un acto totalmente legal, para el resto es una brecha en la privacidad de las pacientes, una manera de intentar controlar sus cuerpos, una muestra de hasta dónde puede llegar un Gobierno con tal de ejecutar sus objetivos. El aborto es legal en Misuri, aunque se trata de una práctica muy complicada de realizar en la que no existen facilidades. En 1982 había 29 centros abortivos, 10 años después quedaban 12 y desde 2014 existe una clínica. En 2015, los legisladores trataron de aprobar una ley anti abortiva que no prosperó. La que sí se aprobó este año fue otra que aún se encuentra bloqueada en distintos juzgados, en la que se declararon ilegales los abortos a partir de la octava semana, sin excepciones en casos de violaciones o incestos.

La vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres que acudieron al centro abortivo es total, aunque esté cubierta bajo un manto proteccionista. ¿Acaso esta medida del Gobierno de Misuri liderado por hombres mejora la calidad de vida de las pacientes o es una cuestión de control? Desde el Departamento de Salud abogan por lo primero, mientras que asociaciones de mujeres, medios de comunicación y distintas voces del mundo de la sociedad y la política lo tienen claro: es una vergüenza.

La columnista de The Guardian, Arwa Mahdawi, puso este escándalo en perspectiva por si todavía había alguien que tuviera dudas de lo que significa para las mujeres el que su ciclo menstrual tenga sea seguido por personas externas a ellas.

Quizás con un mejor sistema sanitario en EEUU la realidad sería otra.

“¿Saben qué? Quizás esté siendo demasiado cínica. Puede que estos documentos se hayan elaborado para proteger a las mujeres y que se mantengan sanas. En ese caso, creo que sería justo aplicar la misma cortesía a los hombres. Que la directora de una agencia de salud haga un seguimiento de las últimas eyaculaciones de los varones para asegurarse de que no están gastando su semen en menesteres que no tienen que ver con la procreación”, aseguró Mahdawi.

Lo verdaderamente curioso de este suceso que acaba de quedar al descubierto es el doble rasero y las contradicciones en las que caen los dirigentes estadounidenses. La Administración de Donald Trump no tuvo reparos en monitorear las menstruaciones y embarazos de niñas refugiadas menores de edad, según destacó la periodista Rachel Maddow en mayo de este año. La sombra del presidente se extendió a Misuri y ni el Gobierno Federal, ni el Estatal están dedicando sus esfuerzos a seguir los casos de prescripciones de opioides, una auténtica epidemia en EEUU con más de 10 millones de personas que usan estas drogas legales de manera incorrecta y exagerada. Tampoco el estado ni el Gobierno central han optado por crear un documento en el que aparezcan las personas con antecedentes penales o con anomalías psicológicas que acceden a todo tipo de armamento. Sería una vulneración al derecho de privacidad, sin embargo, cuando se trata de la intimidad de las mujeres, el relato cambia.

Quizás si dedicaran sus energías en mejorar el sistema sanitario para sus ciudadanos, incluidos niños y madres, estaríamos ante una realidad bien distinta.