Lo que hay detrás de la iniciativa de López Obrador para prohibir el 'outsourcing'

Enrique Pérez Quintana
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FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
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Ante el avance de la tecnología, la globalización de la economía, reestructuración del gobierno y nuevos equilibrios políticos, se inició en México, hace 30 años, la práctica de la subcontratación o “outsourcing” lo que benefició al gobierno y a las empresas al facilitarles la contratación de personal especializado, por medio de empresas intermediarias.

Para regular la subcontratación, “poner orden”, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa mañanera que enviará una iniciativa de ley al Poder Legislativo porque, según afirmó, esta práctica se ha utilizado para cometer fraudes fiscales y no otorgar y afectar los derechos de los trabajadores.

Comentó el presidente López Obrador que la subcontratación “se echó a perder” porque las empresas “receptoras” despiden a los empleados a fin de año para no generar antigüedad, no otorgarles aguinaldo, ni reparto de utilidades y no reconocen sus derechos laborales.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde dijo: “Presentamos una propuesta que permita resolver el problema y los abusos de la subcontratación, que ha sido un tema muy discutido y no resuelto”. Advirtió que se aplicarán sanciones a las empresas que incumplan. “Se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas.”

Afirmó la secretaria Alcalde que quedará prohibida la subcontratación de personal, pues se abusó de este modelo, señaló que “no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales”. Informó que las empresas de colocación podrán intervenir en el reclutamiento, entrenamiento y selección de personal, pero no serán consideradas como patrón, pues con ello se evade el pago de cuotas al IMSS y al Infonavit.

El tema de la subcontratación o “outsourcing” ha estado en el debate desde hace algunos meses y por eso se llevó a cabo un “Parlamento Abierto” en el que participaron autoridades, legisladores, empresarios y sindicatos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex señalaron que en el Parlamento Abierto del año pasado se llegó al acuerdo de hacer un consenso entre las empresas con el fin de modificar la subcontratación laboral, pues eliminarla afectaría al empleo, a las exportaciones del país y se violarían acuerdos internacionales.

El CCE manifestó: “El sector empresarial recibe con sorpresa y preocupación la iniciativa en materia de subcontratación presentada por el Ejecutivo Federal, la cual viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”. (El Financiero, 13 de noviembre de 2020)

La práctica de la subcontratación o “outsourcing” es mundial y por esta razón, a lo más que puede aspirar el gobierno de López Obrador, es a “regular” la actividad debido a que mucho del trabajo que diversos profesionistas realizan para las empresas, se lleva a cabo vía internet.

La regulación que propone López Obrador tiene como objetivo primario la recaudación fiscal que afectaría a las empresas, a los trabajadores y beneficiaría a instituciones como el Seguro Social e Infonavit.

La Reforma Laboral de 2012, incluye la práctica de la subcontratación y permite a las empresas delegar en una tercera la prestación de servicios, por ejemplo, aseo, seguridad, ventas, etc. lo que llega a representar hasta un 50 por ciento de reducción de sus costos de operación.

No obstante, algunas empresas utilizan esta práctica para evadir al fisco, no otorgar prestaciones a los trabajadores, no declarar los salarios reales y traficar con facturas falsas.

No todas las empresas dedicadas a la subcontratación operan sin otorgar prestaciones a los trabajadores ni evaden al fisco. Las menos son las que tienen malas prácticas y es a éstas a las que la ley debe “regular”.

La iniciativa de López Obrador admite la interpretación de medida para “modificar” las condiciones laborales y salariales en México, ante la llegada en los Estados Unidos de un presidente demócrata, lo que abre la puerta para que la Cámara de Representantes y futuras autoridades de ese país, exijan el cumplimiento del TMEC en lo correspondiente a la homologación de las condiciones de trabajo de los obreros de Canadá, Estados Unidos y México. Significa empezar a alinearse.

Aunque la realidad indica que, desde el extranjero, vía internet, es posible subcontratar y esa parte no necesariamente puede ser regulada por las leyes nacionales. Siempre hay una forma de “darle la vuelta” a la ley.

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