La nueva Ley de Vivienda que se avecina y su impacto

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Desde Grupo Lar, su opinión al respecto, “Lo primero, entendemos que las Administraciones Públicas tienen un gran reto por delante en materia de vivienda, especialmente en vivienda social porque hay un claro déficit, acumulado por las distintas Administraciones durante muchos años. Según informe realizado recientemente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se cifra la necesidad de viviendas sociales en 1,7 millones de unidades para que la cuota de esta tipología de viviendas en el mercado se asemeje a la media europea. Y esto, claramente, hay que resolverlo”. Y continúa Miguel Ángel Peña, CEO Residencial Grupo Lar España. “Desde Grupo Lar estamos de acuerdo en el diagnóstico, claramente hay un problema de acceso a la vivienda en muchos puntos de España, pero no estamos de acuerdo en el tratamiento, creemos que hay otro tipo de medidas que conjugan mejor el derecho a la vivienda digna de los ciudadanos con la protección jurídica de inversores actuales y potenciales y a la propiedad privada, ya que la promoción y construcción de viviendas ha sido y será un sector generador de empleo y riqueza en España, salvo que nos empeñemos en lo contrario. Medidas como las anunciadas solo van a servir para ahuyentar a potenciales inversores y puede abrir las puertas a una batalla jurídica de resultado incierto, pero no van a servir para resolver el problema, como ya se ha demostrado con experiencias similares en Berlín o en Barcelona, que han fracasado estrepitosamente. La experiencia demuestra que solo los tratamientos que se aplican desde el lado de la oferta son efectivos, y no tanto los que se aplican desde el lado de la demanda como es una limitación en los alquileres. Habría sido bueno que todo el sector, administraciones, promotores, inversores, constructores, etc. nos hubiéramos sentado juntos para buscar vías de dar solución a este reto, pero no ha sido así. Un ejemplo de fórmula de trabajo, y hay muchas otras, sería el Plan Vive de la Comunidad de Madrid o el Plan Metropoli en Barcelona, en la que se pone a disposición de iniciativas privadas suelo público en régimen de concesión para desarrollar y operar viviendas de alquiler asequibles para los colectivos que lo necesitan. Las Administraciones Públicas cuentan, en muchos casos, con suelo de titularidad pública para poder dar solución al problema. Lamentablemente esta situación no va a resolverse con medidas cortoplacistas a cargo de la iniciativa privada. Esto llevará a que inversores busquen otro tipo de inversiones y/u otros países”, añade.

También Inmobiliaria del Sur, INSUR, nos ha dado su punto de vista, siempre advirtiendo que, por el momento, la información de que disponen sobre el acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, sobre la futura ley de vivienda es muy escueta. INSUR indican que, desde su punto de vista, “una cuestión tan relevante para la sociedad no debe ser legislada sin una profunda reflexión y el suficiente consenso político. Parece que no se dan estas circunstancias suficientemente en estos momentos”. INSUR añade, “Entendemos que puede ser oportuno actuar legislativamente para favorecer el acceso a la vivienda, bien en alquiler bien en propiedad. Sobre esta cuestión y el reconocimiento del derecho a la misma, no entramos como compañía, pues ello transciende a posicionamientos políticos.” Este Grupo inmobiliario tiene una exposición a la vivienda centrada únicamente en la promoción de vivienda nueva para su venta a particulares, ya que no tiene, ni gestiona patrimonialmente, viviendas en alquiler. INSUR desarrolla su actividad en las Comunidades de Andalucía y Madrid, y tal y como comentan “parece que, una vez que este acuerdo de los socios de gobierno se concrete en una iniciativa legislativa que resulte finalmente aprobada, estas Comunidades, en cuanto que mantengan la actual orientación política, descartan su futura aplicación”. Además, INSUR aclara que “ No obstante, a corto plazo, esta iniciativa puede desencadenar efecto rebote e inflacionista en el precio de la vivienda, pues por un lado, habrá propietarios particulares que descarten ofrecer su vivienda en alquiler, reduciendo por tanto la oferta de éstas en el mercado, y por otro, un aumento de la demanda dado que muchos interesados pueden acelerar su decisión de compra ante la incertidumbre que puede generar las promociones mixtas, con una parte de vivienda libre y un 30% de vivienda protegida y la mitad de esta última tipología destinada a alquiler social para colectivos desfavorecidos”. INSUR espera, además, que “como medida de precaución, las compañías promotoras se anticiparán acelerando el proceso de licenciamiento de sus solares, intentado con ello evitar la aplicación de las medidas sobre sus promociones, en especial en aquellos territorios alineados políticamente con la coalición de gobierno. Algo parecido ya se dio en Barcelona hace ya unos semestres. Adicionalmente es probable que decisiones de inversión en proceso sobre solares dedicados a la promoción residencial, tanto en alquiler (BTR) como de venta a particulares, se paralicen en tanto que se despeje la incertidumbre actual del mercado. A medio plazo, y si la iniciativa se aprueba legislativamente y es adoptada por la generalidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos, se producirá una ralentización o paralización de la actividad de promoción, en tanto que no se adecuen los planes de negocios sobre los solares a estas nuevas condiciones y restricciones impuestas. El sector de la promoción se verá afectado, demorando la ejecución de los planes de negocio y, por ende, afectando a la rentabilidad esperada en los mismos. El sector de construcción, que lleva varios años centrado casi en exclusiva en la actividad de promoción ante la escasez de obra pública, se verá perjudicado y se producirá un incremento sensible en el desempleo. INSIR opina, “Desde nuestro punto de vista, en los últimos años políticamente se está poniendo todo el foco en el acceso a la vivienda en alquiler, olvidando el necesario impulso hacia la vivienda en propiedad. La vivienda en propiedad ofrece una serie de ventajas que deben ser tenidas muy en cuenta, y en concreto, como instrumento de ahorro durante la vida laboral de los cónyuges, sostén de la economía familiar cuando éstos alcanzan la jubilación. Para muchas familias sería imposible, llegada la jubilación y con nivel actual de las pensiones, hacer frente al alquiler de su vivienda. Creemos que debe llevarse a cabo una reconsideración del papel del estado y las autonomías hacia la vivienda protegida en propiedad, volviendo a articular medios y ayudas a la misma, en especial para los jóvenes. Nos encontramos ante dos generaciones de jóvenes que están viendo truncadas, por efecto de las sucesivas crisis acaecidas, sus vidas profesionales y, por ende, sus proyectos vitales. Y el acceso a la vivienda es uno de ellos. Hoy en día hay muchos jóvenes que pueden hacer frente al pago de la cuota hipotecaria, pero carecen del ahorro necesario para hacer frente a la parte del precio de la vivienda no financiada con la hipoteca y el importe de los gastos asociados a la compra. Habría que arbitrarse las medidas, bien desde la administración, vía avales públicos, bien desde las entidades financieras en colaboración con las entidades aseguradoras para hacer frente a este problema y facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en propiedad”.