La factoría ideológica de Podemos a todo gas

Far left wing Podemos party leader, Pablo Iglesias (L) and MP Irene Montero (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

La primera ley de la factoría ideológica de Podemos es la ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, promovida por la ministra Irene Montero. La ley centrada en materia de delitos sexuales obligará cambiar el Código Penal. Se trata de la ley estrella del Ministerio de Igualdad que ha provocado el primer choque de calado entre ambos partidos en el Gobierno.

La crítica más dura contra la ley Montero ha sido la del Ministerio de Justicia que la considera inconstitucional. También hay críticas de otros miembros del gobierno (Vicepresidencia, Hacienda…) porque entra en contradicción con la existente Ley integral para la violencia de género, ignora la jurisprudencia ya existente del Tribunal Supremo, utiliza de forma errónea el Convenio de Estambul, invade competencias de las Comunidades Autónomas, copia hasta 23 artículos de otras leyes e, incluso, ha recibido críticas de colectivos feministas o de feminismo elitista o, incluso, de infantilismo.

Con la primera ley promovida por Podemos, la ministra Montero y su equipo ha recibido una “tormenta de objeciones” que ha provocado la intervención urgente de la vicepresidenta Carmen Calvo con un enfrentamiento entre ambas y que Podemos haya acusado a Calvo de sabotear la iniciativa estrella de Irene Montero.

Tanta ha sido la polémica, incluso antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros, que Montero ha tenido que rectificarla. Se trata de una ley diseñada para garantizar “las libertades sexuales”, un problema que no figura entre ninguno de los principales problemas para los españoles que recaba el CIS mensualmente. No obstante, la ministra Irene Montero se comprometió, en una entrevista en la Cadena Ser el pasado 5 de febrero a que su ley estuviese lista en “pocas semanas” y se ha querido hacerla coincidir con el 8M, anteponiendo la velocidad ideológica a cualquier otro criterio de racionalidad.

Además, la ministra Montero ha sido capaz, además de conseguir el choque entre PSOE y UP, un alto consenso sobre la falta de rigor de su ley. Así, el anteproyecto aprobado ayer tiene contradicciones flagrantes entre sus propios artículos (el art. 1 se refiere a “todas las personas” y el 4 a “las mujeres mayores de 16 años”), invade competencias de la Ley de la infancia promovida por Pablo Iglesias, hace referencia a delitos que no existen en el Código Penal (como el de “acoso ocasional”) y eleva a delito el acoso callejero, no contempla mecanismos de reinserción social, las definiciones que se proponen de “violencia de género” o “violencia machista” iban por libre (al margen del convenio de Estambul), etc. Y, no menos disparatado, es que convierte en sujetos penales a las empresas cuando ese anteproyecto de ley trata de delitos personales.

Según es publico los méritos formativos de la ministra Montero son ser licenciada en psicología, tener un máster en psicología de la educación y una tesis doctoral inconclusa en “inclusión educativa”. Además, de pertenecer desde los 15 años a las Juventudes Comunistas, adjudicarse como mérito haber formado parte del 15M u otros movimientos sociales, haber sido becaria de doctorado y profesionalmente cajera de supermercado. Por supuesto, nada de lo anterior es un demérito para la ministra. La cuestión clave es otra: ¿cuáles son los méritos objetivos de Irene Montero frente a otros candidatos (hombres o mujeres) para ese puesto en el Gobierno de España?

En resumen, el anteproyecto de ley es la primera evidencia de los agujeros ideológicos de ignorancia profesional a la hora de promover una ley desde la factoría ideológica de Podemos e intentar imponerla al país, más que de racionalidad jurídica o de respuesta a una profunda demanda social. Lo cierto es que ningún estudiante de Derecho aprobaría hoy ninguna asignatura en ninguna Facultad de Occidente con tal acumulación de errores, desconocimiento y sesgos ideológicos.

¿Cómo es posible tal nivel de falta de competencia jurídica dentro de un ministerio de un gobierno de España? ¿Qué es lo que funciona tan mal en los mecanismos de selección en política para que se produzca tal inversión de la meritocracia y que no se facilite que los más preparados y competentes en cada ámbito sean los mejores representantes de los ciudadanos? ¿Qué filtros o equilibrios institucionales no existen para que quienes más responsabilidades tienen a la hora de promover el buen gobierno puedan lastrar a nuestra sociedad con sus sesgos ideológicos al margen del bien común?

Se cuenta que el emperador romano Calígula tuvo la excentricidad -gracias a la sumisión de los senadores romanos- de nombrar a su caballo Incitatus cónsul de Roma, lo que llevaba aparejado tener sitio en el Senado romano (órgano consultivo de ayuda y consejo del Imperio). Tras la muerte de Calígula, Incitatus perdió su plaza en el Senado y dejó de poder asesorar en el gobierno de Roma y tener como ocupación principal promover el bien general. Los historiadores no informan de si Incitatus tuvo oportunidad de llevar su consejo y ayuda al nivel conseguido por el Ministerio de Igualdad en Twitter promoviendo lemas como “sola y borracha quiero llegar a casa”

Tweet del Ministerio de Igualdad del 3 de marzo de 2020

Es un misterio cuasi insondable para todos los que somos la gente, según nos denominan desde Podemos, cuáles son los mecanismos por los que personas sin formación específica, ni méritos previos, ni experiencia en el servicio público llegan a ministros o muy altos puestos de responsabilidad en el gobierno de España.

Hay que instalarse en el caos. Seguiremos atentos.