El juez impide a la familia Franco la retirada de 564 bienes del Pazo de Meirás

El Pazo de Meirás.
El Pazo de Meirás.

El Pazo de Meirás.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha decretado que 564 bienes del Pazo de Meirás se queden en este lugar, en depósito bajo la custodia del Estado, hasta que se ponga fin al pleito sobre la propiedad de los mismos.

El magistrado ha aceptado la medida cautelar solicitada por el Abogado de Estado, en nombre y representación de la Administración General del Estado y del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, tras la vista celebrada el 25 de noviembre para decidir sobre esta petición, a la espera de que se resuelva de quién es la propiedad: del Estado o de la familia Franco.

En esa vista, la Xunta de Galicia y el Concello de Sada (municipio coruñés en el que está situado el pazo) se adhirieron a la pretensión cautelar de la Abogacía del Estado, mientras la familia Franco se opuso a la pretensión.

Ahora el juez explica que, analizados los argumentos de las partes, se debe reconocer “la verosimilitud y consistencia real del fundado temor que expresa la Abogacía del Estado en relación con la pérdida de su derecho a la tutela efectiva si no se acuerda la medida solicitada”, con el consiguiente peligro de que la futura sentencia sobre la propiedad quede sin efecto.

Subraya las “especiales características” de los bienes, que “pueden expresar el sentir de una comunidad estatal, y también autonómica y local conforme a los postulados culturales implícitos en nuestra Constitución de 1978″.

“No se trata de bienes muebles comunes u ordinarios sino de piezas de extraordinario valor que, incluso más allá de la estimación cuantitativa en el tráfico jurídico, pueden ser bienes del Patrimonio Histórico y Patrimonio Documental”, añade.

El juez afirma que no solo concurren los requisitos para tal fin, sino que además “no existen otras medidas menos gravosas que tengan la misma efectividad que la que ahora se pretende”.

Una “magnífica noticia”

Fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática confirman a El HuffPost su “satisfacción” con la decisión del magistrado, tras estimar la petición de medidas cautelares de la Abogacía del Estado.

Lo consideran una “magnífica noticia” que servirá para garantizar dichos bienes muebles y que podrán permanecer bajo custodia del Estado hasta que la Justicia decida sobre su titularidad.

Ponen en valor que el juez permita que el depósito de estos “se extenderá temporalmente hasta que se ponga fin al pleito mediante la oportuna sentencia”.

Las mismas fuentes destacan que el magistrado vuelve a dar la razón a la Abogacía del Estado, como ya ocurrió al considerar el Pazo de Meirás un bien de dominio público.

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