Informadores cuestionan la constitucionalidad de la ley de derechos de autor

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Madrid, 24 nov (EFE).- La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha alertado hoy de que la trasposición a la normativa española de la directiva europea de derechos de autor "podría ser considerada inconstitucional" porque a su juicio "pretende aplicar la inversión de la carga de la prueba en procedimientos penales" y además usa la fórmula del real decreto "sin que hubiese extraordinaria y urgente necesidad".

El pasado 3 de noviembre entró en vigor el real decreto que traspone la directiva europea de derechos de autor y que abre la puerta a negociaciones directas entre cada editor de prensa y plataformas como Google, que ha anunciado el regreso a España de su agregador de noticias a principios de 2022. Durante su tramitación parlamentaria cabrán posibles modificaciones, según comentó el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Según declaraciones del director legal de PLI, Carlos Sánchez, en una nota de prensa, el decreto se "excede" al señalar la posible responsabilidad penal de las plataformas de compartición de contenidos, a las que en otro artículo se les hace "responsables en cualquier comunicación pública de las infracciones de copryright, a menos que demuestren, entre otras cosas, que han hecho los mayores esfuerzos para evitar que ese contenido esté en su red y que, en todo caso, han obrado de forma expeditiva para borrarlo".

Para la PLI, "una cosa no cuadra con otra desde el punto de vista constitucional”, ya que la ley garantiza el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo, a no declararse culpable.

"El espíritu del principio de presunción de inocencia es que no se puede obligar al acusado a aportar pruebas de su culpa, de su responsabilidad penal y esto es lo que curiosamente pretende la ley Iceta, excediéndose de lo dispuesto en la directiva, en donde no se habla de responsabilidad penal de ninguna manera”, añaden.

Esta denuncia de la PLI se suma a otras críticas anteriores al real decreto, como una supuesta falta de transparencia y diálogo en su redacción.

Además, la PLI denunció que el decreto se había excedido en lo dispuesto en la directiva en la medida en la que no solamente cabía la posibilidad de retirar de manera masiva contenidos de Internet por parte de los titulares de contenidos frente a las plataformas de compartición de contenidos como Google, Twitter o Facebook, sino que también se podrá ‘censurar’ en directo un "streaming" en el supuesto de que a través del mismo se vulnerasen derechos de autor.

Finalmente, la PLI también mostró su rechazo por "una trasposición sin garantías" de los artículos más duros de la directiva, que contemplan el filtrado automático previo de cualquier contenido que un usuario quiere publicar en Internet a través de estas plataformas.

“Todo esto lo habíamos dicho, lo que no habíamos dicho hasta ahora es que la ley es además inconstitucional. Desde la PLI vamos a seguir exigiendo que los diferentes grupos parlamentarios voten en contra de la convalidación de este real decreto chapuza y alternativamente que hagan lo que dice la Constitución, que es tramitarlo como ley ordinaria, para que todas las barbaridades que se han escrito en el Real Decreto se puedan arreglar por los grupos parlamentarios y, por supuesto, entre ellas está la inversión de la carga de la prueba”, concluye el director legal de la PLI.

(c) Agencia EFE

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