Hablan los afectados por la reforma de los interinos: "Esto es un ERE como un camión"

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Decenas de alumnos se enfrentan a un examen de oposiciones (Photo: EL HUFFPOST)
Decenas de alumnos se enfrentan a un examen de oposiciones (Photo: EL HUFFPOST)

Aprobado, sí, pero por la mínima y “con mil enmiendas” por hacer, como ha matizado el Congreso. El Gobierno ha conseguido la ratificación de su Real Decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el sector público, por un solo voto, pero ahora comienza su recorrido legislativo. Se tramitará como proyecto de ley para debatir todas las propuestas del resto de la cámara. Incluso, de quienes han dado su sí, como ERC, que defiende que los funcionarios sin plaza con más de diez años de experiencia puedan tener una sin pasar oposición.

No es suficiente para el sector de los interinos y temporales. Desde el gallinero, algunos de sus portavoces han torcido el gesto ante lo que llaman “un ERE más grande que un camión contra los interinos”, como confiesa a El HuffPost el abogado Manuel Martos, que defiende “a miles” de trabajadores temporales.

El breve paso de Miquel Iceta por el Ministerio de Función Pública y Política Territorial quedará marcado por el acuerdo firmado con los sindicatos. El plan supone la convocatoria de 300.000 plazas fijas de las conocidas como estructurales que lleven al menos tres años (a fecha del 31 de diciembre de 2020) ocupadas por funcionarios interinos y personal laboral. La meta es bajar del 8% de temporalidad entre el personal público, actualmente en un 30,4%.

El paso lo aplauden los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF, todos firmantes), pero sindicatos y abogados de los interinos lo llaman ‘Icetazo’. El término da buena medida de su grado de rechazo a un plan que, aventuran, no solo no aliviará el panorama laboral sino que empeorará la situación. A pesar de la modificación de última hora, que solo “alivia” algo.

Medio millón de interinos no reconocidos, denuncia el sector

El texto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, recoge la convocatoria de 300.000 plazas; sin embargo, alega el abogado Manuel Martos, “se están olvidando de medio millón de trabajadores”. “De facto son 800.000 aunque el Gobierno hable solo de los 300.000 estructurales. Estos últimos son los presupuestados, pero los no estructurales son los que suplen algo más corto y no previsible. Y esos trabajadores que hoy te cubren cuatro días, luego un mes... cubren un montón de cosas y no tienen una plaza reconocida oficialmente”.

Martos es un experto en la causa. Es una de las figuras que se ha dirigido a Europa por la cuestión de la temporalidad y lidera ANIL (Asociación Nacional de Interinos y Laborales), que lleva “miles de demandas” de los trabajadores que denuncian lo que llaman “trabajar en fraude de ley”. En ello incide, ya que según su versión, en el nuevo texto legal “no se está reconociendo indemnización ninguna al personal en fraude de ley. Solo se habla de indemnizaciones sobre tiempo de servicio en contratación irregular desde la aprobación del Real Decreto, por lo que se da carta de naturaleza y legaliza una irregularidad de mucho tiempo. Es un modo de quitarse de en medio a todos estos interinos sin indemnización ninguna”.

Hacienda puede aplaudir porque le quitas un problemón y el Gobierno ahorrará un pastizalManuel Martos, abogado

La postura de los sindicatos

Ni UGT ni CCOO atienden a las llamadas del HuffPost. Desde CSIF, el tercer firmante, sí dan su versión, en línea con lo publicado en sus canales: “El acuerdo ofrece seguridad jurídica, define con claridad las situaciones en abuso y fraude de ley e incorpora medidas disuasorias y sancionadoras para acabar de una vez por todas con el abuso en la temporalidad”.

“Quienes no consigan consolidar su plaza en el examen, por primera vez tendrán derecho a una compensación económica por los años que han estado trabajando en precario”, añade su presidente nacional, Miguel Borra, que define el pacto como “un primer paso, complicado de aplicar, pero que puede empezar a dar solución a cientos de miles de personas”.

Más en detalle se posiciona el Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA), cuya cabeza visible es José Luis Gutiérrez. Hace una valoración “completamente negativa” de la reforma, advierte de inicio. “Casi todo lo planteado por Iceta ya existe en la normativa actual y además pretende darle a Europa medidas que no son las que pide Europa. Por ejemplo, apenas hay resarcimiento de daños en los que pierdan el trabajo”.

La ley marca que quienes no consoliden su plaza tendrán derecho a una compensación económica de 20 días por año trabajado, hasta 12 mensualidades. Son, en todo caso, cifras muy inferiores a lo que plantean las voces de los interinos. “Debería resarcirse a cada afectado con unos 30.000 euros, algo que sabemos que es imposible de afrontar por las arcas”.

Si lamentablemente (el interino) no supera el proceso selectivo, recibirá una justa indemnización y se incorporará a bolsas de trabajoCentral Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)

Para Gutiérrez, también trabajador público, “el Real Decreto no resuelve el abuso de la temporalidad. La normativa europea marca que debe haber un efecto disuasorio para la temporalidad y eso en la administración pública no lo hay. De hecho hay abierto un procedimiento de sanción a España, por lo que nosotros vamos a pedir la paralización cautelar”.

En ello ahonda Manuel Martos. “El acuerdazo de Iceta es lo mismo que firmó años atrás el PP y que el PSOE puso a parir”, añade el abogado, para quien los que han decidido su contenido han sido los sindicatos —“ellos tienen las armas y juegan con los políticos”—. “Tengo impugnado el Real Decreto en el Supremo. Si se ratifica, que se ratificará, ampliaré el recurso, porque yo sí voy a solicitar responsabilidad personal por daños y perjuicios al entonces ministro de Función Pública (ahora en Cultura y Deportes)”.

“Hacienda puede aplaudir porque le quitas un problemón y el Gobierno ahorrará un pastizal”, prosigue el letrado. “La reforma prácticamente obliga a los perjudicados a demandar, un proceso que no todos pueden afrontar, mientras los sindicatos están diciendo que no lo hagan. Mienten, porque cuentan a los trabajadores que habrá indemnización si hay incumplimiento, pero no dicen que ese incumplimiento solo cuenta desde la aprobación del Real Decreto”.

No es un problema nuevo

Esto viene de lejos, lamentan todas las partes, dentro y fuera de micrófono. “Hay un incumplimiento palmario de la normativa europea desde hace años y yo mismo denuncié al estado español frente a la Comisión Europa por este incumplimiento de las administraciones”, explica Martos. !“La Comisión Europea abrió infracción y sancionó. Contacté con los grupos políticos y por entonces dieron de lado el tema, no lo veían importante. De ahí nace ANIL y el Sindicato de Trabajadores en Fraude para unir a un colectivo desinformado”.

“En 2017, cuando aún gobernaba el PP, Montoro firmó con los sindicatos el acuerdo de estabilidad donde decían a Europa que cumplían la ley sacando plazas de empleo fijo. Lo impugné por ser nulo de pleno derecho y ganamos, así que hubo un segundo acuerdo modificado. Es entonces cuando el colectivo toma conciencia que lo que quería el Gobierno del PP es hacer un ERE gigantesco a los interinos. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo”.

Las propuestas de los afectados

No hay una solución fácil al problema de la temporalidad, asumen tanto los afectados como los agentes sociales. Desde el ‘lado’ de los interinos y laborales insisten en el concepto de “fraude de ley”, porque “de una necesidad estructural momentánea se ha hecho una ‘solución’ alargando la temporalidad de estos trabajadores”.

Aquí hay unnegocio en las academias de preparación de oposiciones que igual habría que analizarJosé Luis Gutiérrez, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA)

Gutiérrez recoge la propuesta de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, a favor de una figura conocida como “personal estabilizado”, con la extinción de esa plaza al final de su vida laboral.

Que los interinos de diez años o más en su puesto puedan consolidar su plaza aliviará, en parte, el problema, pero no es ‘la solución’. “Hay márgenes muy amplios para negociar las bases, pero la que quiere vender el Gobierno no es la solución. Lo decimos con un grado de decepción enorme porque PSOE y PP han copiado sus modelos. Aquí hay un negocio en las academias de preparación de oposiciones que igual habría que analizar”, deja caer el representante de los temporales.

La solución más justa, sopesa Manuel Martos es el concurso, pero modificado a lo que ya existe hoy: “Nadie quiere la plaza por la cara. Aquí nadie ha entrado ‘colocado’, sino bajo unos principios objetivos e iguales para todos y por ello hay interinos que lo aceptan como la decisión más salomónica, aunque no les guste”.

Sin embargo, también en la cuestión del concurso-oposición hay discordia. El sector de trabajadores temporales protesta porque en el reparto de baremos (60% la oposición y 40% el concurso de méritos), el reconocimiento por años trabajados se limita a 15. “Si el interino en fraude de ley lleva así 37 años, ese es el tope, no los 15 años. De no ser así, esto es un ERE como un camión”, culmina el abogado.

Este artículo apareció originalmente en El HuffPost y ha sido actualizado.

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