Amenazas, represalias e incluso la muerte para quienes se saltan el confinamiento impuesto por grupos armados en Colombia

Varios grupos armados ilegales extendidos por Colombia están sacando provecho a su favor de la crisis del coronavirus para aumentar la presión sobre una población a la que imponen normas aún más restrictivas que las dictadas por el Gobierno de Iván Duque bajo amenazas, coacción e, incluso, la muerte. Según denuncia la organización Human Rights Watch (HRW) a través de una rueda de prensa virtual en la que ha comunicado los resultados de su informe, al menos ocho personas han sido asesinadas en este contexto de violencia y terror.

Human Rights Watch (HRW) denuncia que grupos armados ilegales están aprovechando la situación por el coronavirus en Colombia para imponer su ley y aterrorizar a la población. (Foto. REUTERS/John Vizcaino)

Para lleva acabo este análisis de la situación en la que viven varias comunidades del país colombiano desde marzo, Human Rights Watch explica que ha mantenido entrevistas telefónicas con 55 persona de 13 estados diferentes entre los que ha habido líderes, fiscales, personal de organizaciones humanitarias, agentes de policía y residentes locales. Con todos esos testimonios han podido construir la imagen de cómo se encuentra en país y denunciarlo.

“La población, de acuerdo a los testimonios que hemos recogido, está viviendo una situación de terror”, ha explicado el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. Los grupos señalados son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes están imponiendo sus propias normas para el confinamiento y los castigos a quienes, según sus criterios, se las saltan.

A través de panfletos y mensajes distribuidos por WhatsApp comunican a la población los toques de queda impuestos, les prohiben salir de casa para poder realizar actividades como la pesca aunque ese sea su modo de vida ahogándoles económicamente y hasta ponen impedimentos a los enfermos que se ‘saltan su confinamiento’ para acudir al médico.

“Están imponiendo reglas draconianas para controlar la epidemia. Aterrorizan a la población civil con medidas que incluyen amenazas y ataques con armas de fuego. Asaltan a las comunidades y ejecutan a sangre fría a aquellas personas que no cumplen con las normas que ellos imponen”, denuncia Vivanco, que señala que los estados más afectados son los de Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo. Aunque hay siete más que viven en el mismo terror impuesto por estos grupos donde los castigos van dede amenazas verbales a quema de vehículos e, incluso, en casos más extremos, el asesinato.

“En estos cinco departamentos hemos detectado y corroborado que se han registrado asesinatos de personas en distintas comunidades e incluso líderes que han sido asesinados a sangre fría ya sea por no respetar estas normas o porque han denunciado estos abusos”, ha remarcado Vivancos. Una de sus víctimas habría sido el líder comunitario Edison León Pérez. Según la fiscalía y como explica la propia organización humanitaria en su comunicado, fue asesinado el pasado 8 de junio después de haber denunciado a La Mafia.

Desde Human Rights Watch señalan al Gobierno de Duque como responsable último de una situación que está descontrolada y exigen la implicación del Estado para frenar no solo al virus, cuyas últimas cifras oficiales habla de cerca de 160.000 contagiados y más de 5.600 muertos, sino para que estas organizaciones ilegales actúen como lo hacen impunemente.

Pide a Duque “intensificar urgentemente sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y a agua, así como proteger su salud de los efectos de una pandemia que representa un peligro real y letal para todos”.

En cuanto a la explicación a por qué están imponiendo sus propias normas de confinamiento y llegando incluso a asesinar a quienes se las saltan, esta organización de defensa de los derechos humanos señala hasta tres. Por un lado, como una forma de aumentar su control sobre la población civil aprovechándose de las circunstancias actuales. Por otro, porque pretenden ser vistos como aliados en la lucha contra el coronavirus y alcanzar reconocimiento al implicarse en ese sentido. Por último, por el temor a que sus miembros se contagien.

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