El Gobierno declara la “emergencia climática”, por ahora más simbólica que efectiva

El Consejo de Ministros declara la "Emergencia climática" en España | imagen Rafael Bastante/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Siguiendo los pasos del Congreso, que en septiembre del año pasado aprobó una proposición no de ley con este mismo contenido, este pasado martes el Consejo de Ministros ha declarado oficialmente “el estado de emergencia climática” en nuestro país. Por el momento, esta declaración representa un paso más simbólico que efectivo ya que, incluso buscando en el más recóndito recoveco de nuestro sistema legal, no existe ese supuesto estado. Conocemos el estado de excepción, el estado de alarma o el estado de sitio, regulados en el artículo 116 de la Constitución Española, incluso existen criterios legislativos para declarar zona catastrófica a lugares donde se ha producido algún evento devastador… sin embargo, da igual dónde busques, no existe en nuestro ordenamiento jurídico “el estado de emergencia climática”.

La decisión del ejecutivo español se enmarca dentro de un contexto más amplio en el que numerosas instituciones, países, regiones, ayuntamientos y otras organizaciones han realizado la misma declaración, como por ejemplo el Parlamento Europeo que hizo lo propio en noviembre del año pasado. No obstante, y sin acuerdos con tinta firmada ni compromisos aceptados, estas declaraciones son un bonito brindis al sol que incluye muchas intenciones pero pocas resoluciones.

El texto publicado por el Consejo de Ministros en la web de la Moncloa no aplica directamente ninguna medida, pero sí expresa su “compromiso para adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales”. Para conocer estas “líneas de acción prioritaria” debemos indagar más en la letra pequeña del texto.

Las cinco primeras actuaciones que el Gobierno pretende realizar, dentro de esos primeros cien días de trabajo, se refieren a una nueva Ley de Cambio Climático y Transición energética, una senda de “descarbonización” a largo plazo, un plan de adaptación al cambio climático, la creación de una “asamblea ciudadana del cambio climático” y un compromiso para impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios.

Analicemos estas cinco propuestas del nuevo gobierno.

Ley de cambio climático y transición energética: No parece haber demasiados cambios con los objetivos del PSOE en la anterior legislatura. Su objetivo es aprobar un proyecto de ley para “alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsando para ello un sistema eléctrico 100% renovable”.

Podríamos hacer infinitas puntualizaciones a este apartado principal pero las reduciremos a tres. La primera es que, tal y como han apuntado algunas asociaciones ecologistas, “la música suena bien, pero hay que esperar a la letra”… Esto significa que como objetivo general es aceptable, sin embargo se necesitarán muchos cambios para alcanzar esos objetivos. El segundo comentario es más preocupante: el cambio climático se está acelerando y los deseos y compromisos siguen siendo los mismos. Salvo por el uso de palabras como “crisis o emergencia climática”, los políticos no parecen tener mucha urgencia en aplicar los objetivos.

En resumen, la propia actualidad científica, los datos y registros que nos llegan de los estudios y metaanálisis indican que el calentamiento global se sitúa en los escenarios más crudos y peligrosos, mientras que las líneas de actuación se han quedado estancadas y cada vez son menos ambiciosas. La tercera puntualización es la inestabilidad política y la falta de criterios científicos aplicados a las medidas. No sabemos quién estará gobernando dentro de unos años, quizá ni siquiera dentro de unos meses, y se necesitaría una mayoría mucho más estable para garantizar los acuerdos a largo plazo. Además, la influencia de partidos, de corte claramente antinuclear, no harán fácil conseguir los objetivos de transición energética negando así las recomendaciones de la comunidad científica de incluir las energías nucleares como soporte de las renovables.

La “Descarbonización”: El texto afirma que “El Gobierno se compromete también a definir en los próximos tres meses la senda de descarbonización a largo plazo, más allá del horizonte de 2030 contemplado hasta la fecha, para alcanzar la llamada neutralidad climática”. No sabemos cuáles serán las medidas, por lo que lo más prudente será esperar y estar atentos a ellas durante esos “tres meses próximos”.

Plan Nacional de Adaptación: El Consejo de Ministros señala que “se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto”. De nuevo, tendremos que esperar a que se apruebe y podamos tener acceso a las medidas concretas…

Asamblea ciudadana del Cambio Climático: Suena a medida típica de Unidas Podemos, no parece tener sentido, eficacia o la más mínima importancia… en resumen, palabrería postmoderna que no lleva a ningún sitio. La única razón que dan en el texto para la constitución de esta “Asamblea ciudadana” es que en Francia hay algo parecido, pobre excusa para incluir un órgano ridículo de ciudadanos, en lugar de haber incluido una “Asamblea de científicos”… por ejemplo.

Trasformación productiva: El mismo texto incluye el compromiso de "integrar la perspectiva de clima en los sectores productivos, impulsando la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento”. De nuevo un solo párrafo para anunciar compromisos y deseos pero sin medidas concretas en un campo tan gigantesco como es la adaptación de los mil sectores productivos que existen… otra vez, habrá que esperar a la legislación concreta.

En resumen, declarar la “emergencia climática” en España ha sido un paso lógico por parte del Gobierno, que se une así al resto de instituciones y países que han hecho lo mismo por todo el mundo, pero que no tiene ninguna importancia si no se acompaña de medidas concretas, adaptadas a la situación actual y acelerada del cambio climático, si no se incluye la participación y consejo de investigadores científicos profesionales y expertos en el tema, y finalmente que se quedará en agua de borrajas si las leyes que se puedan aprobar no se respaldan a largo plazo por el resto de partidos que puedan gobernar en los próximos años.