Antisistemas a sueldo del Estado

Former Catalan regional Vice President Oriol Junqueras

ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, CUP y BNG han confirmado que no asistirán a la apertura de la XIV Legislatura el próximo 3 de febrero porque, cumpliendo con la tradición, estará presente del Estado. Lo que supone que 49 diputados, de los 350 que tiene el Congreso, boicotearan un acto de la institución de la soberanía nacional para la que han sido elegidos. 

Todos estos partidos tienen en común su lucha contra el Estado español. De hecho, si fuese por ellos España dejaría de existir como país tal y como lo conocemos hoy. Es sonado y retransmitido en directo el desprecio de ERC por las instituciones y la gobernabilidad de España. La CUP que nunca había concurrido a las Elecciones Generales por que su batalla era su territorio ha cambiado de opinión con el objetivo de defender el derecho a la autodeterminación y "decirle al Estado que se vaya" aunque no tenga ningún pudor de captar y usar los recursos de ese Estado. EH Bildu sigue atrapado en la herencia de ETA, imposible de blanquear, pero con la pretensión intacta de organizar "un bloque político y mediático capaz de profundizar en una contrarreforma autoritaria" contra el Estado español. Puigdemont no ha tenido reparado en reclamar desde Bruselas su sueldo de parlamentario autonómico o Junqueras, condenado por sedición y malversación de fondos, ha dicho en el Parlament de Cataluña que lo volverán a hacer, etc.

En definitiva, se puede concluir que ERC, Junts per Catalunya, EH Bildu, CUP y BNG son partidos antisistema dentro de las instituciones del Estado, trabajando con los recursos del Estado con el objetivo de acabar con el sistema que vertebra España desde la aprobación de la Constitución de 1978. La razón de que hayan llegado a tener esa posición es que han aprendido a hackear legalmente el sistema electoral y pertenecer a las instituciones del Estado que, al mismo tiempo, no consideran legítimas. 

Estos partidos, al igual que el resto, se financian de media en un 80% con dinero público lo que supone entre 200 y 300 millones de euros anuales a repartir entre todos los partidos. Así, tras las elecciones de abril de 2019 los partidos recibieron más de 66 millones de euros a través de los Presupuestos Generales y del Presupuesto del Congreso de los Diputados (ver gráfico). Además del sueldo de cada uno de los diputados, entorno a los 5.000 euros, el Congreso acaba de asignar “una subvención fija cuya cuantía, para cada Grupo Parlamentario, es de 29.026,04 € mensuales y una subvención variable en función del número de Diputados de cada uno de ellos de 1.670,17 € mensuales por cada Diputado”. 

Dinero para los partidos políticos procedente de los PGE y del Presupuesto del Congreso de los Diputados. Fuente: Público

Parece evidente que los partidos antisistema a sueldo del sistema caen en la contradicción, aunque sin aparente problema, de cuestionar la legitimidad de las instituciones estatales formando parte de ellas. Y, al mismo tiempo, sin dudar en reclamar sueldos y usar los presupuestos y recursos de esas mismas instituciones. 

Por tanto, se deduce que en la España que los partidos antisistema rechazan y trabajan por deslegitimar, esos partidos sí tienen cabida. La pregunta es si en los hipotéticos estados imaginados por EH Bildu, ERC, Junts per Catalunya o la CUP tendrían cabida, como contrapartida, partidos que no aceptasen su modelo político. No es una cuestión nueva, en el inicio de la Transición el sistema democrático tuvo lugar para la Unión Nacional (Fuerza Nueva o Falange española de las JONS), por muy poco aceptables que pudiesen resultar al resto de partidos, a pesar de que durante la Dictadura franquista los partidos políticos democráticos no habían tenido cabida. 

Los partidos antisistema necesitan justificar su existencia cada día en las instituciones del Estado que rechazan. Tienen que conseguir la atención pública y por ello están obligados a grandes dosis de teatralidad simbólica, por lo que concentran todos sus esfuerzos políticos en el corto plazo con el objetivo de ganar peso en la conversación nacional. Lo que tiene como consecuencia la restricción de las posibilidades de diálogo, análisis y negociación racional y, con ello, fomentan más partisanismo y más fractura social. 

Con la priorización de los intereses locales-regionales sobre los nacionales se deteriora la calidad democrática, se ahonda en la crisis de interdependencia, se incrementa el retraso económico y se olvida que la política, al menos desde Aristóteles, supone la búsqueda del bien común.

Estos partidos que han basado su estrategia y éxito en exacerbar las identidades regionales con sus narraciones nacionalistas han creado el caldo de cultivo para la eclosión, como su reverso, de una reacción: el nacionalismo populista. Así es como Vox se ha apoderado de la pancarta de la defensa de la identidad nacional, cuando era irrelevante hace solo cuatro años. Ahora con 50 diputados también parecen saber competir por hacer oír su voz en el debate político nacional. El riesgo que supone Vox -como parte de un movimiento ideológico que se ha extendido por EEUU, UK, Hungría, Polonia, Brasil, Italia, etc.- es que en su punto de mira político tienen el mismo objetivo: deteriorar la democracia liberal

Hay que instalarse en el caos. Seguiremos atentos.