AMLO y el escándalo del comando armado en su gira presidencial por territorio narco

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Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en la que se explicó el aumento al salario de los maestros. | FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en la que se explicó el aumento al salario de los maestros. | FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue a supervisar la carretera que prometió para unir a Batopilas, en Sinaloa, con Guadalupe y Calvo en Chihuahua. Tendrá una distancia de 292 kilómetros, cruza la Sierra Madre Occidental y pasa por la región conocida como el Triángulo Dorado.

La producción de drogas en ese lugar tiene casi 80 años. Se cultiva mariguana y amapola para obtener opio, que se convierte en la heroína, consumida en Estados Unidos, Canadá, México y otros lugares.

Hace más de 40 años la región está bajo el dominio de los carteles de la droga, principalmente el Cártel de Sinaloa. El lugar sirvió de refugio y base de operaciones a Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y ahora a sus continuadores.

El tránsito por esa región no ha sido de fácil por falta de infraestructura. Grupos armados de las bandas mantienen el control de los caminos y brechas de acceso. Esta condición podría terminar con la construcción de las carreteras que López Obrador fue a supervisar.

Un grupo de reporteros, que cubrían la gira presidencial, testificó que los caminos no están abiertos, no existe libertad de tránsito, hombres armados supervisan y controlan su recorrido.

Cerca de la comunidad Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato – Guadalupe y Calvo, un retén de diez personas equipadas con “chalecos antibalas, hasta ocho cargadores, uniformes tipo militar, aparatos de radiocomunicación, armas cortas y cuernos de chivo en tres camionetas sin placas sobre la carretera”, detuvo los vehículos en los que se trasladaban periodistas para cubrir los eventos de López Obrador. Fueron interrogados sobre su destino “vamos al evento del presidente”. Un hombre, observaba a los reporteros y cuidaba que no activaran sus cámaras de video y fotografías.

La supervisión de las obras carreteras la realizó López Obrador desde un helicóptero. Los periodistas informaron al presidente sobre el retén que los detuvo. Como es su práctica retórica, restó importancia al suceso “no pasa nada, no pasó nada afortunadamente”. Le preguntaron si los grupos criminales tomaron territorios de Sinaloa. El presidente respondió: “No, eso es lo que dicen los conservadores, eso es lo que ellos dicen, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes le creen pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”.

Es grave que un retén de individuos con armamento prohibido detuviera a los periodistas. Pudieron documentar su actividad y ver la impunidad que disfrutan. Pero es más grave la renuncia del Gobierno en aplicar la ley con el argumento de la no violencia, cuando los que la generan son los delincuentes. La pasividad de las autoridades permite su crecimiento. Saben que por sus actos no habrá consecuencias. ¿Acaso no es violencia la abstención del Estado en la aplicación de la ley? ¿Existe alguna complicidad o deuda que se esté pagando? Parece que los caminos para llegar al poder pasan por Badiraguato.

Para los periodistas esta experiencia fue la comprobación de que diversas regiones del país se encuentran bajo el dominio de la delincuencia organizada, dedicada a la producción y trasiego de drogas, la extorsión, el despojo de tierras y cultivos, el secuestro y demás delitos. Las autoridades estatales y federales los dejan actuar y no los confrontan, como sucede en Michoacán donde, recientemente, delincuentes expulsaron del pueblo de Aguilillas a elementos de la Guardia Nacional, o como pasa en Zacatecas lugar en que la población vive un ambiente de terror, o como sucedió en Batopilas, Sonora, donde fueron acribilladas mujeres y niños.

Los mensajes distractores no podían faltar, al presidente no le gusta que a la región se le denomine Triangulo Dorado, dice que está estigmatizada y se le ocurrió que se podría llamar “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.

Son muchos los mitos y leyendas surgidos de esa convergencia de tres entidades. Incontables los operativos de la policía y el ejército en “persecución” de los delincuentes y para “destruir” los cultivos. Lo que es cierto y lo es desde hace 80 años, es que ahí se producen drogas y es la fuente de fortunas y poder inconfesables que benefician a los capos de las bandas y a políticos que los protegen.

Es cierto que en el Triangulo Dorado vive gente buena y trabajadora que todo se lo debe a la delincuencia, la palabra de los capos es la ley. Ahí el Estado está ausente. Los habitantes de ese lugar saben que serán felices si están callados, trabajan sin límites y son incondicionales hasta la muerte. Pronto tendrán carreteras para llegar más rápido a los lugares donde se consume su “mercancía”. La 4T les hace justicia.

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