Aborto: los lazos religiosos y culturales que encorsetan a las guatemaltecas

© Lizeth Agredo / France 24

Este año, Guatemala fue proclamada "Capital Provida de Iberoamérica". A contracorriente de la marea verde que avanza por Latinoamérica, la nación católica presenta una agenda moralista desde su Congreso, hasta dentro de los hogares. Para el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, France 24 habló con las dos caras de una Guatemala profundamente conservadora, de la que, sin embargo, afloran aquí y allá algunas voces a favor de los derechos de las mujeres.

Eran las 8 de la noche cuando Ana* salió de su lugar de trabajo, en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Un sector no particularmente seguro y ese día, "por mala suerte", llevaba un vestido. En su camino de regreso a casa, la mujer de 30 años no tardó en notar tres hombres en una esquina.

Ahí, -cuenta Ana-, en la calle, la violaron. Y su pesadilla tomó un giro aún más dramático cuando, 15 días después, tras náuseas, falta de apetito y ausencia de menstruación, salió positiva una prueba de embarazo: "Te juro, cuando miré el resultado, mi mundo se puso negro".

Ana, ya sumergida en dificultades económicas para sufragar los gastos de colegio de su hijo de 10 años, sofocaba con otra carga: "Mi familia no sabía nada de mi violación. Y si mi mamá se enteraba de mi embarazo, me sacaba de la casa".

Para ella, era irrazonable seguir con el embarazo. Ana, como muchas mujeres guatemaltecas en su misma situación, intentó primero abortar con hierbas, aunque no existen estudios científicos que demuestren que éstas funcionen. "Una infusión de orégano. Pero nada". Buscó entonces por Internet: "aborto en casa", y fue finalmente por Facebook que encontró grupos de apoyo donde se intercambian consejos, y pastillas abortivas.

"Pero 775 quetzales (unos 99 dólares) valen las 12 pastillas". Una suma importante para Ana, que tuvo que vender su ropa, sus zapatos, y juguetes del niño para juntar el dinero. Pero en ese momento, la mujer piensa que es el precio a pagar para que ella y su hijo tengan una vida digna: "Me da miedo que sepan lo que hice. Pero más miedo me da ir al hospital y saber que no funcionó".

Guatemala, a contracorriente de la marea verde

En los últimos dos años, los pañuelos verdes se multiplicaron en América latina, al compás de las movilizaciones y acciones por la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, France 24 decidió aprovechar el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, -este 28 de septiembre-, para dirigir la mirada hacia casos preocupantes en materia de derechos reproductivos. Y como le recuerda la historia de Ana, Guatemala es uno de ellos.

Basta con repasar las noticias del 2022 para comprobar que la situación en el país pone contra la espada y la pared a muchas mujeres. El pasado 9 de febrero, la Ciudad de Guatemala fue declarada "Capital Iberoamericana Pro vida" para los próximos cuatro años. El título, lo otorgó el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, una organización cristiana con sede en Ciudad de México.

Y en la "Capital Iberoamericana Pro vida", no hace falta decir que el aborto es severamente condenado. La práctica es sancionada con penas de prisión de uno a tres años. Por su parte, el médico que, "abusando de su profesión" como lo tipifica el Código penal, lo practique o coopere en él, puede ser penado de entre uno y seis años.

Únicamente el "aborto terapéutico" está permitido, es decir en caso de que la vida de la mujer esté en peligro, "después de agotados todos los medios científicos y técnicos".

"E incluso esa causal no es respetada", indica Ximena Aguilar, coordinadora de incidencia política para Incide Joven, organización guatemalteca que defiende los derechos sexuales y reproductivos. "Primero porque muchos médicos se rehúsan a practicarlo. Y segundo porque cuando hay que probar que la vida de la madre está en peligro, no se toma en cuenta el proyecto de vida de la mujer, ni su salud mental. Que sean condenadas a dejar estudios o empleo no es considerado relevante", lamenta Aguilar en una entrevista con France 24.

La sombra de los abortos clandestinos

Varios organismos internacionales de salud, como Médicos sin Fronteras, han demostrado que cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de someterse a una interrupción de este, independientemente de si el procedimiento es legal o no.

Y esos mismos organismos internacionales recuerdan cada año que los abortos clandestinos, generalmente en deplorables condiciones higiénicas, o con personas que carecen de las habilidades necesarias, son una de las causas más importantes de mortalidad materna en el mundo.

En Guatemala, cerca de 21.600 mujeres son hospitalizadas para recibir tratamiento por complicaciones derivadas de una interrupción de embarazo, según un informe del Instituto Guttmacher.

Sin embargo, parece que en la nación centroamericana ese panorama no está considerado bajo la perspectiva de una emergencia médica, sino desde un punto de vista moralista.

Diez años de cárcel por un aborto: una propuesta archivada, pero "no muerta"

Así, otra actualidad marcante del país de ese año fue la aparición de la "Ley para la Protección de la Vida y la Familia". El 8 de marzo, coincidiendo irónicamente con el Día para los Derechos de la Mujer, 101 de 160 diputados aprobaron un texto que elevaba de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause".

Ante masivas reacciones de la población, el presidente Alejandro Giammattei pidió al Parlamento archivar la ley, al considerar que violaba la Constitución así como convenios internacionales suscritos por el país.

Sin embargo, la lucha contra el aborto está lejos de terminar: "El hecho de que la ley haya sido archivada, no significa que esté muerta, como lo han querido hacer creer", asegura el diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, uno de los impulsores de la iniciativa.

En una entrevista con France 24, el cuarto secretario de la Junta Directiva y jefe de la bancada conservadora Visión con Valores (Viva), recalca: "Respetamos totalmente el veto presidencial. Pero la ley fue archivada justamente para que en cualquier momento pueda ser requerida por cualquier diputado, y que se conozca nuevamente en el Pleno".

Y cuando se toca el tema de las mujeres que abortan clandestinamente, el diputado es categórico: "Tienen que ir a la cárcel. Lo que están cometiendo son homicidios; hay que tratarlas como homicidas".

Lo que están cometiendo son homicidios; hay que tratarlas como homicidas.

Aníbal Estuardo Rojas Espino, diputado guatemalteco del partido Viva

Y a pesar de las protestas que generó, para Aníbal Rojas no caben dudas de que ese proyecto, que fue aprobado por el Congreso, también lo fue por la sociedad guatemalteca: "Recordemos que una petición fue firmada por 150.000 personas para apoyar ese proyecto. Sencillamente porque defiende principios y valores compartidos por nuestro pueblo. Algunos países occidentales hablan del aborto como algo normal. Nosotros lo vemos como ideologías con tendencias progresistas que no actúan por el bien de la sociedad".

Y es que Guatemala, que se presenta como laica, es una nación profundamente católica. Por lo que ese texto, cuenta el diputado, se propuso desde un punto espiritual, apoyándose sobre dos textos: "por una parte, el artículo 3 de nuestra Constitución que defiende la vida desde su concepción; por otra parte, nuestro libro sagrado, que es la Biblia".

Abortar en una sociedad religiosa: la disyuntiva de las guatemaltecas

No se puede entender la visión de cierta parte de la población hacia el aborto sin tomar en cuenta la larga tradición cristiana del país, combinada con la reciente aparición de iglesias evangélicas de estos últimos años. "Hasta el presidente mantiene un discurso evangélico muy fuerte", recalca Ximena Aguilar.

La trabajadora social cuenta a France 24 el peso de la religión en el entendimiento de la misma sexualidad: "Es un secreto a voces que la gran mayoría de mujeres han tenido que abortar. Se sabe pero está mal visto. Porque desde el paradigma religioso, la sexualidad solo puede ser reproductiva. En Guatemala, se sataniza al sexo, y por ende a las mujeres que tienen sexo por placer".

Ximena Aguilar también describe el gran estigma social que rodea la autonomía sexual de las mujeres: "El embarazo se sigue considerando como un castigo para la mujer. El mensaje es: "si tienes relaciones sexuales, tienes que enfrentar las consecuencias". Un castigo que los hombres no tienen que asumir: en Guatemala, un tercio de las mujeres con hijos son madres solteras.

Para controlar las interrupciones de embarazo, un paso más eficaz que un juicio moral sería sin lugar a duda la reducción de su causa principal: los embarazos no planeados. Y para apuntar a eso, se necesita educar sobre la salud sexual y reproductiva. Pero aquí también el camino es tortuoso y sembrado de obstáculos.

A principios de año, se ha puesto en agenda la denominada "Ley para Garantizar la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género". Esa iniciativa 5940, según Human Rights Watch, participa en un retroceso en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación, la información y la salud. De ser aprobada, "prohibiría hablar de aborto dentro de las escuelas y colegios", denuncia Ximena Aguilar, de Incide Joven.

Pero la sombra conservadora del Estado y de la sociedad ya se ha apoderado de muchos lugares de enseñanza. Una profesora de matemáticas de un colegio privado declaró a France 24 que al principio de cada año se recuerda a los maestros las posturas que deben adoptar, en particular sobre el aborto: "Esperan de nosotros que si un niño nos cuestiona sobre estos temas, lo ignoremos".

Cuenta que la presión también viene de los padres: "Si un alumno comenta a sus papás que yo por ejemplo mencioné el aborto en clase, no dudarán en presentar una denuncia y hacer que acabe en la cárcel".

Falta de voluntad política y presupuesto en la educación sexual

De la mano de una sensibilización a una sexualidad segura, existe la necesidad de un acceso a métodos anticonceptivos. Y en ese tema, las cifras hablan por sí solas: según datos recolectados entre 2003 y 2004 por el Guttmacher Institute, una gran proporción de mujeres guatemaltecas en unión, especialmente las mujeres indígenas y rurales, no usan anticonceptivos en absoluto.

"Hay una falta de inversión para prevenir embarazos en niñas, adolescentes, mujeres jóvenes", agrega Ximena Aguilar. "El presupuesto destinado para la prevención del embarazo en adolescentes es de 4,04 quetzales por cada niña y adolescente, por año". Ni lo equivalente al precio de una caja de 3 condones.

El gobierno provee servicios y métodos de planificación familiar, principalmente a través de su Programa Nacional de Salud Reproductiva a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Pero Incide Joven y otros organismos que defienden los derechos reproductivos denuncian una falta de presupuesto para esos programas, así como el desabastecimiento de métodos anticonceptivos en muchos centros de salud de todo el país.

Ana, como muchas otras mujeres, enfrentada a una sociedad que las vulnera

Pero la prevención no solo se basa en la educación y el acceso a métodos anticonceptivos, también es necesario reconocer las condiciones de vida de las mujeres en Guatemala. Y ese panorama es alarmante, tal como la historia de Ana lo cuenta.

En efecto, en Guatemala, existe un vínculo importante entre la violencia sexual y los embarazos en niñas y adolescentes. Se estima que el 90% de los embarazos en niñas menores de 14 años son directamente producto de violencia sexual. Unicef también indica que diariamente se registran 19 casos de violencia sexual contra las niñas y adolescentes en el país.

En Guatemala, el 59% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Sumado a ello, el matrimonio forzado, la violencia sexual dentro de la misma familia y la falta de información sobre sexualidad son determinantes de riesgo de embarazos no deseados en niñas y adolescentes, en un Estado que no garantiza los recursos suficientes para asegurar una vida digna a sus habitantes.

*Ana es un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la fuente.